Tutela de Álvaro Uribe, solicitando se respete su buen nombre, entró a revisión en la Corte Constitucional

El expresidente interpuso una acción en contra del autor de la llama serie ‘Matarife’. Daniel Mendoza tendrá ahora tres días para responder ante los cuestionamientos que se han hecho en contra de la grabación, deberá explicar cuál es el origen de su financiación.

JUSTICIA

Miércoles, 10 de febrero del 2021

El expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó a través de una acción de tutela que se le proteja el derecho fundamental a la hora y al buen nombre, la que va dirigida en contra del periodista que divulgó la serie denominada ‘Matarife’, que está compuesta de 50 videos, en la que se hacen fuertes cuestionamientos en su contra sin ningún tipo de elementos probatorios.

La acción judicial llegó ante la Corte Constitucional que la escogió para su revisión y solicitó este miércoles que sean practicadas las pruebas para analizar en Derecho la situación y los señalamientos que hace Uribe en contra de Daniel Mendoza Leal.

Es que en este material se hacen señalamientos que nunca han sido probados por la justicia. Además, quien aparece como su creador es alguien con evidentes afectos con la izquierda, persona que nunca ha sabido explicar en que se basó para hacer las acusaciones que hizo. Solo ha dicho que contó las acusaciones de dos opositores del exmandatario: Gonzalo Guillén y Julián Martínez. Además, que estos videos fueron financiados por unas ONG que ha mantenido en el anonimato.

Ahora en esta instancia judicial, el autor del documental audiovisual deberá responder ante los señalamientos que ha hecho en su contra Uribe Vélez y deberá suministrar al alto tribunal esa información como de dónde provino su financiación, identidad del productor y los medios que empleó para difundirlo.

“Deberá allegar copia de los contratos de producción audiovisual de obra por encargo o de los que se hubiesen suscrito para la creación, producción y distribución de la obra”, se lee en el documento de la Corte Constitucional.

Lo que sigue, es que después de obtenidas las pruebas el alto tribunal deberá decidir en un lapso de tres meses la situación, ante el choque jurídico que arrancó desde el año pasado entre el exsenador Uribe Vélez y Mendoza Leal.

Redacción Justicia

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