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Red de Corrupción en la POLFA:
Comerciantes denuncian ‘robos sistemáticos’ de mercancía por parte de uniformados de la Policía junto a delincuentes comunes
Una grave denuncia presentada ante la Fiscalía y el director de la Policía Nacional revela la existencia de una estructura corrupta al interior de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). Comerciantes afectados señalan a un oficial y a un subintendente como líderes de una red que, en complicidad con delincuentes, estaría ejecutando falsos operativos de decomiso para apropiarse ilegalmente de mercancía, que luego es vendida en el mismo mercado capitalino. La DIAN no tiene registro de estos decomisos, lo que agrava el escándalo.
Redacción Investigativa
Jueves, 17 de julio de 2025
Una red de corrupción incrustada en la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) habría convertido los operativos de control aduanero en una fachada para el robo organizado de mercancía legalmente importada, según lo denuncian varios comerciantes ante la Fiscalía General de la Nación y el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana.
Los testimonios recogidos por EL HOME NOTICIAS y consignados en una denuncia formal apuntan a un oficial de la POLFA, quien estaría liderando una operación ilícita en conjunto con un subintendente y miembros de bandas delincuenciales, de las que harían parte policías retirados de la Institución, encargados de ejecutar tareas de inteligencia en zonas comerciales estratégicas como San Andresito y el Centro de Bogotá.
Comerciante afectado relata que, tras hacer un Derecho de Petición, la DIAN confirmó que no existe constancia del decomiso en la ubicación o con la mercancía reportada: “la nuestra se había desaparecido”.
Falsos decomisos y desaparición de mercancía
El modus operandi de la red comienza con la identificación de bodegas y depósitos que contienen productos, principalmente textiles y calzado. Esta información es suministrada por delincuentes reclutados por el subintendente, quienes a cambio recibirían hasta el 40% de la mercancía incautada. Sin embargo, los decomisos, que se realizan de manera violenta e intimidatoria no son registrados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como exige la ley.
“Nos dimos cuenta que los tales operativos de decomiso de la POLFA no eran legales, que se trataba de un robo planeado y dirigido por un oficial de esa institución”, señaló uno de los comerciantes afectados, quien solicitó reserva de identidad por razones de seguridad. Asegura tener pruebas documentales de que su mercancía estaba nacionalizada y que se pagaron todos los tributos aduaneros correspondientes.
Inconsistencias en los registros oficiales
La gravedad de la denuncia se profundiza cuando los afectados, al realizar un Derecho de Petición para recuperar su mercancía, descubren que la DIAN no tiene registro del decomiso con el tiempo, modo y lugar ni con las características del producto sustraído. “Nos daban información de un decomiso en un lugar distinto y de una mercancía diferente. Es decir, la nuestra se había desaparecido”, relata el empresario.
La situación plantea serios cuestionamientos sobre la participación o desconocimiento de la DIAN en estos procedimientos irregulares, ya que, de acuerdo con la normativa vigente, solo dicha entidad está facultada para legitimar decomisos y notificar oficialmente a los comerciantes, además de custodiar la mercancía en bodegas autorizadas como ALMAGRARIO.
Mercancía robada reaparece en las calles
Como si fuera poco, los comerciantes afectados afirman haber visto sus productos siendo revendidos en las calles del centro de Bogotá, en una clara muestra de impunidad.
“Esta red de corrupción no sólo se roba la mercancía sino que descaradamente la vende en el mismo comercio de Bogotá”, afirmó otro denunciante.
Amenazas y extorsión
Además del robo, la estructura criminal también estaría extorsionando a los comerciantes. Según el testimonio recogido, delincuentes vinculados a la red amenazan con presentar denuncias falsas o con llevar a funcionarios de la DIAN para ejecutar decomisos, si no se accede a pagar altas sumas de dinero.
“Nos negamos a pagar cualquier extorsión porque sabemos que estamos haciendo las cosas con total transparencia”, enfatizó uno de los denunciantes.
Uno de los elementos más preocupantes del caso es la denuncia de una abogada que intentó sacar a la luz esta estructura ilegal. Tras presentar una primera acusación formal, recibió amenazas de muerte y se vio forzada a abandonar el país.
Un escándalo que se suma a otro
Este nuevo escándalo sale a la luz días después de que la Fiscalía capturara a doce uniformados adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá, implicados en colaborar con la banda criminal Los Corec en la localidad de Puente Aranda. Los agentes habrían facilitado robos a residencias, vehículos y transeúntes.
EL HOME NOTICIAS tiene en su poder los nombres de los uniformados involucrados en esta presunta red de corrupción, pero se abstiene de revelarlos por el momento, para no entorpecer la investigación que se espera adelanten tanto la Fiscalía como la propia Policía Nacional.
Existen antecedentes comprobados en otras regiones del país, de actividades corruptas al interior de la POLFA
Barranquilla: complicidad con red criminal en puertos
En marzo de 2025 se destapó una red criminal que actuaba en el puerto de Barranquilla con policías de la POLFA y funcionarios de la DIAN. Se trata del mayor Andrés Felipe Montoya y el patrullero Harold Gil quienes favorecían el ingreso de mercancías de contrabando a cambio de sobornos de entre 400 a 1.200 millones de pesos semanales. Para fingir decomisos, compraban productos en supermercados y recibían calzado de contrabandistas que luego reportaban oficialmente como incautado.
Montoya y Gil tenían comunicación con la Oficina de Envigado e incluso ordenaban asesinatos a quien se negara a pagar. Planeaban expandir sus operaciones a otros puertos, como Buenaventura, con ganancias proyectadas del 500 %.
Caso de espionaje y perfilamientos ilegales
La Procuraduría y la Inspección General de la Policía continúan de manera activa con una investigación por uso indebido de información del Sistema Perseo (base de datos de la DIAN). Alegan que varios oficiales de la POLFA tuvieron acceso ilegal a datos financieros y aduaneros de personas sin orden judicial, siguiendo instrucciones de altos mandos retirado.
En conclusión, Los hechos recientemente denunciados no aparecen como casos aislados, sino como parte de un patrón devastador: estructuras dentro de la POLFA que operan en diferentes ciudades bajo lógicas similares de corrupción, violencia y abuso institucional.
Este contexto refuerza la urgencia de que las autoridades – Fiscalía General y Policía Nacional – actúen con rapidez e imparcialidad, adoptando medidas que garanticen protección a denunciantes, investigación independiente y sanciones efectivas. El estado de derecho y la confianza ciudadana dependen de no permitir que esta sea solo la punta visible de un iceberg mayor.
Redacción Investigativa