Los oficios que comprometen a dos generales retirados con los fallidos contratos de las casas fiscales en Tolima

Estos hacen parte del expediente, que demuestra que los exsubdirectores de la Policía, Luz Marina Bustos y Édgar Vale Mosquera supieron desde un principio que las cosas estaban mal, que la Policía construía unas viviendas sin el lleno de requisitos legales. Sin embargo, permitieron que el descalabro económico se fraguara, que se contratara una segunda etapa siendo que la primera ya era un error. 

Unidad de Justicia

Jueves, 11 de junio del 2020

EL HOME NOTICIAS obtuvo dos oficios que son claves en el proceso que desarrolla la Procuraduría para definir responsabilidades en los fallidos contratos para la construcción del conjunto de casas fiscales de la Policía en San Luis, Tolima, denominados ciudadadela policial CENOP I y CENOP II.

Los documentos fueron enviados a los generales Luz Marina Bustos Castañeda y Édgar Orlando Vale Mosquera , a quienes se les informó, en el momento oportuno, de las irregularidades que desde hace ocho años se empezaron advertir. Sin embargo, estos exsubdirectores de la Policía no actuaron para evitar que se cristalizara el descalabro económico, de 18.000 millones de pesos. Ambos oficiales fueron de los de más alta confianza del general (r) Óscar Naranjo Trujillo, en cuya administración se gestó el fallido proyecto. 

En el primero de estos documentos, a nombre del general (r) Vale Mosquera,  se informa del recibimiento de la primera etapa del proyecto y el comienzo de la segunda, siendo que faltaba mucho por hacer y permisos que pedir.  

Aquí vemos el oficio, del coronel Fabio Jesús Lizcano Montes, informando de las irregularidades de los contratos al general Vale Mosquera.

Es importante precisar que Vale Mosquera venía de ser Inspector General de la Policía, que es en donde y para entonces que se debió empezar una investigación por las irregularidades en los cuestionados contratos y cuando este informe llegó a sus manos era el Subdirector General.

Se explica que se hizo una reunión en las oficinas del Fondo Rotatorio en la que estuvo el interventor del proyecto, el profesor de la Universidad Distrital, acusado de corrupción, Wilman Muñoz Prieto, y los contratistas: de Inversora Manare Ltda y Socar Ingeniería.

Desde entonces el representante de la firma Manare Ltda le contó a los oficiales de FORPO, el 25 de febrero del 2013 –dos años después de que empezaran las obras– que no tenían las licencias y permisos ambientales, tanto para la perforación de un pozo profundo, como el de la extracción de aguas subterráneas, porque estos se los habían negado. Tampoco, la aprobación para el vertimiento de las aguas negras al río Coello.

Sin embargo, ya se hablaba –hace 7 años– de iniciar la segunda fase, aún sin poseer estos requisitos legales, varios de ellos los expide la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA).

“La firma contratista manifestó que el proceso de la obtención de Licencias y permisos para dicho procedimiento se encuentra a espera de la resolución  que certifica el tramite emitido por CORTOLIMA”, se lee en el informe que pasó FORPO al general (r) Vale Mosquera.

Además, se le informa que la planta PTAR, para el tratamiento de las aguas negras quedaría instalada pero que no se podría poner en funcionamiento por la falta de las licencias.

Es importante precisar, que a junio del 2020, a la fecha, estas licencias no han sido expedidas, pero la primera etapa del proyecto, CENOP I, que consta de 60 casas,  fue recibida por un comité de policías a satisfacción, siendo que el trámite de estos permisos estaría cargo de Inversora Manare Ltda. El recibimiento de esta parte del proyecto fue liderado por el general Óscar Atehortúa, como director de FORPO.

Además, la segunda etapa, CENOP II, está sin terminar y tal como lo reveló EL HOME NOTICIAS en una nota anterior solo hasta este año es que se hicieron los nuevos contratos de Interventoría y Consultoría, que le fueron adjudicados a la firma Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca y a la Universidad Nacional.

En estos contratos se anota que aún “se encuentra en trámite de cancelación por parte de DIBIE (Dirección de Bienestar Social de la Policía) las expensas por concepto de licencia de urbanismo”.

Reveló este medio, que a la primera de estas firmas se le encomendó el trámite de todas las licencias con CORTOLIMA, las que se necesitan para que pueda haber agua potable y vertimiento de aguas negras al Coello, es decir requisitos forzosos para que las casas puedan ser habitadas.

Este es oficio de portada del informe a la general Luz Marina Bustos, muy detallado de las fallas que se advertían en el contrato de las casas fiscales.

El 27 de diciembre del 2013 el director de Bienestar Social de la Policía, el entonces coronel (hoy general) William Ernesto Ruiz Garzón, hizo un informe de similares características al que se le hizo a Vale Mosquera, esta vez dirigido a la Mayor General Luz Marina Bustos.

Este oficio fue en respuesta a uno que la oficial hizo en el que solicitaba que se le informara “constantemente” del avance de los contratos correspondiente a CENOP I y CENOP II, por ser “un proyecto de interés institucional”. En este informe se reitera que el proyecto de viviendas oficiales presentaba irregularidades, que tenían problemas estructurales y se insistía en que seguía sin licencias.

Se concluye que EL HOME NOTICIAS ha divulgado en varios informes que el caso de corrupción se empezó a conocer desde el primer año en que arrancó el proyecto,  que estos altos oficiales, incluidos los Directores de la Policía, del Fondo Rotario, y de Bienestar Social, dejaron pasar por alto las irregularidades, que hoy tienen en aprietos con la Procuraduría al general Óscar Atehortúa Duque, que tendrá que afrontar el desarrollo de la investigación.

Redacción Unidad de Justicia

Contáctenos al correo: elhomenoticias@gmail.com

Sigue nuestras publicaciones en el Twitter @elhomenoticias

Y nuestro canal de Youtube EL HOME NOTICIAS

publicidad