La administración del fiscal General, Francisco Barbosa, podría ser la más corta de la historia

Al ser admitida la demanda, desde ya,  el ‘reloj de arena’ se pone de cabeza. Será el Consejo de Estado el que decida si su periodo fue para completar el de Néstor Humberto Martínez o para sus cuatros años. La fecha determinante del asunto es la del próximo 31 de julio.

JUSTICIA

Viernes, 24 de julio del 2020

El mandato del fiscal Francisco Barbosa arrancó en febrero de este año y en cinco meses ha afrontado duros escándalos, como el que se generó a principios de julio: el viaje que hizo en un puente festivo a la isla de San Andrés con su esposa, su hija y una amiga, al parecer a ejecutar labores de vigilancia. Este vuelo se hizo en medio de la cuarentena. Lo cierto, es que sus fervientes explicaciones no acabaron de convencer.

Se trató de un viaje de trabajo acompañado de su familia y con invitados a bordo, lo que tuvo toda suerte de cuestionamientos.

Pero no ha acabado de sortear este ruido cuando ya le aparece otro. Esta vez debe afrontar una demanda a su elección, que ha sido admitida por el Consejo de Estado. En la pretensión jurídica se asegura que su nombramiento tuvo sus particularidades, como que no tiene el por qué permanecer cuatro años en el cargo.

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Esta demanda fue redactada por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional, en la que se precisa que la elección de Barbosa se hizo para culminar el periodo de Néstor Humberto Martínez, quien renunció el 15 de mayo de 2019, es decir que iría hasta el próximo 31 de julio.

Se argumenta que si Barbosa permanece al frente de la Fiscalía se estaría violando el artículo 125 de la Constitución, que textualmente dice: “quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido”.

Cómo se ven las cosas el contador empezaría a moverse en contra del fiscal Barbosa, sus días estarían contados, que se despediría el próximo viernes, porque lo expresan los universitarios que su permanencia vulnera el equilibrio y la separación de poderes.

Esta demanda había sido devuelta por el Consejo de Estado, que solicitó que se le hiciesen algunas correcciones. Esta, según se observa, fue perfeccionada, vuelta a presentar y por supuesto admitida por el alto tribunal. 

Redacción Justicia

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