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Atendiendo el respeto por sus derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad, Uribe debe permanecer en libertad, conceptuó el juez cuarto del Circuito de Bogotá.

Juez deja en firme la libertad de Álvaro Uribe

Este despacho acoge la tesis de la juez de primera instancia que depende de la Fiscalía que se precluya el proceso o presentar acusación.

 

JUSTICIA

Viernes, 06 de noviembre de 2020

Atendiendo el respeto por sus derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad, Uribe debe permanecer en libertad, conceptuó el juez cuarto del Circuito de Bogotá, para quien dentro el proceso que se sigue en contra del imputado es posible equiparar ambos sistemas de justicia: tanto el de la Fiscalía con su nuevo sistema penal acusatorio como el que él ha llamado “la Corte Suprema”, que es el viejo sistema de indagatoria.

Al resolver en estos términos la apelación presentada por Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el juez acoge la tesis de la funcionaria judicial de primera instancia según la cual la investigación es competencia de la Fiscalía, pues es la que define si pide o no medidas de aseguramiento contra los procesados.

La representación de los acreditados como víctimas en el proceso había pedido que la decisión de la jueza 30 de control de garantías de Bogotá (del 10 de octubre pasado), que le concedió la libertad al expresidente Uribe Vélez -investigado por fraude procesal y soborno a testigos- fuera reversada y se volviera a ordenar su detención, como lo había decidido la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en agosto, antes de la renuncia del expresidente al Senado.

 

Como el juez tampoco acogió lo demandado por la defensa -validando así lo actuado en la Sala de Instrucción de la Corte-, que alegaba cómo han decaído los actos ejecutados en el marco del viejo sistema, ahora esto se convierte en evidencias que podrá usar la Fiscalía en un eventual juicio.

Además , precisa que en ambas diligencias no solo se identifica plenamente a la persona investigada, sino que se le mencionan los hechos investigados, se la vincula formalmente al proceso y, al final de ambas diligencias, puede aceptar los cargos y recibir rebaja de penas.

En el viejo sistema solo hay la posibilidad de dos clases de medida de aseguramiento, mientras que en el nuevo existe toda una variedad, desde la cárcel, prisión domiciliaria, prohibición para salir del país, restricción para tener contacto con testigos o víctimas.

Según el funcionario, una vez terminada la etapa de vinculación al proceso, la Fiscalía decide
si un juez de control de garantías debe precluir el proceso contra el expresidente Uribe o si él queda imputado por los delitos por los que era investigado, para lo cual correspondería presentar el escrito de acusación a fin de adelantar el juicio en su contra.

El juez precisó también que la Fiscalía no ha solicitado una medida de aseguramiento ante un juez, y en ese sentido el expresidente seguirá en libertad. Y sobre los términos para el avance de esas decisiones, indicó el juez que a partir de la fecha empiezan a correr los términos para que la Fiscalía “determine el camino a seguir en esta actuación, en el ejercicio de la acción penal».

Considerando válidas las quejas del abogado Jaime Granados contra el exfiscal Montealegre, el juez desestimó los improperios de este, recomendándole ajustarse al campo procesal en sus intervenciones: ”De ninguna manera se está juzgando al senador Uribe Vélez por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra”. Los señalamientos de Montealegre ”deforman el debate” y afectan el buen funcionamiento de la administración de justicia, opina el juez.

Para él, no hay elementos de juicio que ameriten compulsar copias contra el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, o contra el presidente Iván Duque, como lo habían pedido algunas de las víctimas que se presentaron al proceso. Y, a partir de este momento, la Fiscalía o las víctimas podrían pedir ante jueces de control de garantías una medida de aseguramiento contra Uribe Vélez.

Asimismo, el juez pidió a la Corte Suprema de Justicia que estudie la posibilidad de definir reglas para las transiciones entre los procesos penales, de manera que en casos futuros haya claridad al tenerse en cuenta.

Redacción Justicia

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