Inspector recusado lideró desalojo forzado en Melgar: video revela posible abuso de autoridad

Un video divulgado por EL HOME NOTICIAS muestra al inspector segundo de Policía de Melgar, Edwin Leonardo Peña, ejecutando un desalojo en la finca El Rodeo, pese a estar legalmente impedido. El hecho reaviva las denuncias sobre abuso de poder, corrupción institucional y despojo sistemático de tierras en el Tolima. En el predio se encontraban firmantes del Acuerdo de Paz, cuyas vidas estarían ahora en riesgo.

Redacción Investigativa

Sábado, 12 de julio de 2025

Un video al que tuvo acceso EL HOME NOTICIAS expone lo que podría constituirse en uno de los episodios más graves de abuso de autoridad en el municipio de Melgar en los últimos años. En la grabación, publicada en la cuenta oficial de este medio en X (antes Twitter), se observa al inspector segundo de Policía, Edwin Leonardo Peña Navarro, liderando un operativo de desalojo forzado en la finca El Rodeo, propiedad reconocida por su relevancia histórica, estratégica y ambiental en la región.

El hecho ocurrió este viernes 11 de julio, pese a que Peña se encuentra legalmente impedido para actuar en este caso, al haber sido recusado formalmente por las partes afectadas y ante la existencia de decisiones judiciales de segunda y tercera instancia que le prohíben intervenir en el proceso.

“No estamos frente a un simple error administrativo; estamos enfrentando una estructura que pretende legalizar el despojo de nuestra tierra con apoyo de funcionarios públicos. Llevamos años ganando en los estrados judiciales, pero acá, en el terreno, la ley no se respeta”, afirmó María del Pilar Barragán, vocera de la familia afectada, tras el operativo de desalojo ordenado por la Inspección de Policía de Melgar.

El procedimiento no solo contradice abiertamente mandatos judiciales vigentes, sino que expone a la familia propietaria y a un grupo de firmantes del Acuerdo de Paz —quienes se encontraban residiendo en la finca— a un riesgo inminente de seguridad. Algunos de ellos, según sus testimonios, han sido víctimas de amenazas recientes, lo que eleva el nivel de gravedad del caso.

“Estamos ante una actuación temeraria, orquestada por un funcionario que no solo ignora la ley, sino que actúa como instrumento de despojo en una región históricamente marcada por el tráfico de tierras”, señaló un abogado representante de las víctimas, que solicitó reserva de identidad.

Una finca codiciada en la mira de estructuras ilegales

La finca El Rodeo, ubicada a las afueras del casco urbano de Melgar, ha sido durante décadas una de las propiedades rurales más representativas del suroriente tolimense. Su posición geográfica, su acceso a fuentes hídricas y su cercanía a la doble calzada Bogotá–Girardot la han convertido en blanco de intereses empresariales, políticos y de estructuras criminales dedicadas al despojo y tráfico de tierras.

Familias como los Barragán han denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de maniobras fraudulentas para arrebatarles la propiedad mediante escrituras falsas, planos alterados y la utilización de funcionarios públicos como facilitadores del despojo.

¿Cómo puede actuar un funcionario recusado?

La recusación formal, cuando es aceptada, impide legalmente que un funcionario continúe conociendo o actuando en determinado procedimiento. Sin embargo, en este caso, Edwin Leonardo Peña no solo habría ignorado dicha medida, sino que además procedió con un operativo de Fuerza Pública, desobedeciendo órdenes judiciales de segundo y tercer grado que reconocían derechos de permanencia en el predio.

“No se trata de un error administrativo, sino de una acción consciente y arbitraria que viola el principio de legalidad y podría configurar delitos como prevaricato por acción, abuso de autoridad y fraude a resolución judicial”, indicó un exmagistrado consultado por este medio.

Reacciones y consecuencias

La familia afectada ha solicitado intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación, de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de organismos de derechos humanos, dado el riesgo latente que enfrentan los habitantes del predio, entre ellos excombatientes en proceso de reincorporación.

Además, se espera que en las próximas horas se presente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el inspector Peña, a quien acusan de actuar en concierto con intereses ilegales para facilitar el despojo de predios estratégicos.

Este es el video con los que campesinos afectados buscan demostrar que el inspector de Policía de Melgar, Edwin Leonardo Peña, actuó pese a estar recusado. Se habla de abuso de autoridad. Dele click aquí para ver el video.

Lo que está pasando es de suma gravedad

Este nuevo episodio revive las preocupaciones sobre el uso de cargos públicos como instrumentos de despojo territorial, un fenómeno que ha sido documentado en diversas regiones del país donde redes de tierreros logran articularse con autoridades locales para legalizar el despojo mediante resoluciones y actuaciones administrativas.

En palabras de María del Pilar Barragán, vocera de la familia afectada:

“Ganamos en los estrados, pero aquí se sigue imponiendo la ilegalidad con resoluciones administrativas hechas a la medida del despojo. El Estado tiene que reaccionar”.

Por último, son graves las denuncias que se han originado en medio de un procedimiento calificado como “arbitrario”, los afectados —las familias Barragán, Piñeros, Liévano, Ricaurte y Moreno— señalan que el funcionario no solo desobedeció fallos de tutela y medidas cautelares, sino que ha sido recurrente su papel como facilitador en maniobras que buscan legalizar el despojo de tierras a través de resoluciones administrativas sin sustento jurídico.

En este caso, resulta inadmisible que una red de falsos reclamantes haya pretendido exigir al Estado una indemnización de 95.000 millones de pesos por supuestos daños derivados de la construcción de la doble calzada Bogotá–Girardot, sobre un lote que no les pertenece. Las autoridades no pueden seguir actuando como si fueran ciegas ante este tipo de maniobras, que no solo amenazan el patrimonio público, sino que también legitiman el despojo de familias que han demostrado ser propietarias legítimas. Este tipo de casos exige una respuesta inmediata, contundente y ejemplar por parte de los entes de control y de la justicia penal.

Redacción Investigativa

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