Informe Especial

Chatarrización en Medellín: El contrato fantasma, los carros varados y un silencio que huele a encubrimiento

Cuatro años después de que se adjudicara a dedo un contrato multimillonario para la chatarrización de vehículos en Medellín —vinculado al llamado “Cartel de la Chatarrización”—, la Fiscalía no ha producido avances y la Alcaldía sigue sin pronunciarse como víctima. Hoy, el colapso de patios con más de 70.000 vehículos inmovilizados reaviva el escándalo.

Redacción Investigativa

Lunes, 7 de julio de 2025

En Medellín, los vehículos inmovilizados se apilan sin control, las calles colapsan y la movilidad es cada vez más caótica. Más de 70.000 carros reposan en patios saturados, muchos de ellos inservibles, sin salida legal ni operativa más allá de su desintegración. En paralelo, una investigación judicial clave permanece congelada: se trata del contrato de chatarrización adjudicado de forma cuestionable en la administración del exalcalde Daniel Quintero, en el que estarían involucrados varios exfuncionarios, una empresa investigada, y un esquema que podría haber generado un grave detrimento patrimonial.

La crisis actual de acumulación vehicular, reportada esta semana por el diario El Colombiano, ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. Según esa publicación, Medellín no tiene una política clara ni operativa para deshacerse de estos vehículos, a pesar de que miles están en estado de abandono o completamente inservibles. La única vía para solucionar esta situación —la chatarrización— está atrapada en un proceso lleno de irregularidades y opacidad.

Contrato a dedo, antecedentes oscuros

La empresa favorecida con el contrato fue la Unión Temporal RYM S.A.S, propiedad del empresario Rafael Naranjo Pérez, quien ya figuraba en investigaciones previas por no desintegrar maquinaria adjudicada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Pese a ello, y a las advertencias emitidas por la Red de Veedurías Ciudadanas, el contrato fue adjudicado. Según denuncias, funcionarios públicos habrían abierto el camino para que esta firma se quedara con el millonario negocio.

Una fuente cercana al proceso reveló a EL HOME NOTICIAS que Naranjo Pérez incluso contra demandó a la Alcaldía para exigir el cumplimiento del contrato, lo que terminó con la entrega de un lote de vehículos para desintegrar. Hasta hoy no se han presentado informes públicos sobre el costo real del proceso ni sobre el destino final de los vehículos involucrados.

Fiscalía inmóvil, Alcaldía ausente

La Fiscalía 21 de Medellín, responsable de la investigación, no ha emitido resultados en más de tres años. La investigación involucra al exalcalde Daniel Quintero, a la exsecretaria de Suministros Karen Delgado y al exsubsecretario de Seguridad Vial y Control Carlos Marín. A pesar de la magnitud del caso, la Alcaldía no se ha declarado como víctima, omisión que impide que se activen mecanismos de reparación del daño causado al erario.

Expertos en contratación consultados por esta redacción advierten que, de ejecutarse el contrato en su totalidad, se podría configurar una conducta dolosa por daño patrimonial al Estado, hecho que implicaría responsabilidades penales y fiscales.

“Lo que aquí observamos es que los organismos de control ya han debido establecer la responsabilidad fiscal de los funcionarios públicos frente a este manejo irregular de recursos de la administración”, explicó un abogado conocedor del caso.

Un problema que supera los patios

Lo denunciado por El Colombiano deja ver la dimensión real del problema. En junio, la ciudad y el Área Metropolitana aumentaron su parque automotor en un 22%, mientras que los patios siguen colapsados. Según la Secretaría de Movilidad, no hay una política nacional sólida para la chatarrización, lo que limita su capacidad de actuar. Mientras tanto, la administración actual aplica “pañitos de agua tibia”: campañas de cultura ciudadana y controles operativos que no resuelven el fondo del problema.

¿Dónde está Federico Gutiérrez?

Aunque el actual alcalde Federico Gutiérrez prometió durante su campaña investigar y castigar los hechos de corrupción de administraciones anteriores, no se ha pronunciado sobre este escándalo. Tampoco se ha informado si su despacho ha tomado acciones legales para revertir el daño causado por este contrato, o si se investiga a fondo la continuidad de las operaciones de empresas relacionadas con otros contratos de chatarrización en entidades nacionales como la DIAN y el Ejército Nacional.

En conclusión, el contrato de chatarrización en Medellín no solo es un símbolo de corrupción sin castigo, sino una causa directa del colapso operativo y urbano que hoy enfrenta la ciudad. La inacción judicial, el silencio institucional y la falta de voluntad política han dejado a Medellín atrapada entre la basura metálica de los carros inmovilizados y el peso de una corrupción que nadie parece dispuesto a desmontar.

Espere mañana, segunda parte de este informe. ¿Cómo va la investigación del ‘Cartel de la Chatarrización’ en otras entidades del Estado, del exdirector de la Policía que adjudicó contrato a la misma cuestionada empresa de manejo de la chatarra, de la que ahora figura como su representante legal.

Redacción Investigativa

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