Generales denuncian presunta interferencia política de senadora petrista en operativos contra estructuras criminales

Altos mandos de la Fuerza Pública aseguran que la senadora Isabel Cristina Zuleta habría intentado frenar acciones contra grupos armados ilegales en Antioquia y el Valle de Aburrá. Las denuncias se suman a procesos penales y administrativos en curso, mientras los organismos de control evalúan la solidez de las pruebas.

Redacción Judicial

Sábado, 13 de diciembre de 2025

Un grupo de generales del Ejército Nacional y de la Policía Nacional presentó testimonios formales en los que señalan a la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por una presunta intervención indebida en operaciones de seguridad dirigidas contra estructuras criminales con presencia en Antioquia y el Valle de Aburrá.

De acuerdo con los relatos entregados a las autoridades y conocidos por la prensa, los oficiales aseguran haber recibido llamadas, mensajes y solicitudes indirectas provenientes de la congresista y de su equipo de trabajo, con el objetivo de frenar o modificar procedimientos en curso contra organizaciones como el Clan del Golfo, disidencias armadas asociadas al alias ‘Calarcá’ y bandas delincuenciales urbanas como ‘La Terraza’ y la estructura de alias ‘Yordi’.

Los mandos consultados sostienen que estos requerimientos habrían generado tensiones operativas y riesgos en terreno, al cuestionar decisiones tácticas propias de la Fuerza Pública. En algunos de los testimonios se mencionan solicitudes explícitas para evitar acciones contra personas que, según inteligencia militar, estarían vinculadas a economías ilegales y enfrentamientos armados.

A este conjunto de denuncias se suma el episodio conocido como el “tarimazo”, ocurrido en julio de 2025, cuando varios cabecillas de organizaciones criminales fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí a un evento público. En ese caso, Zuleta quedó bajo escrutinio por una presunta gestión irregular del traslado, sin que hasta ahora se haya establecido con claridad la existencia de competencias legales o autorizaciones formales por parte del INPEC.

Las controversias derivaron en denuncias penales interpuestas por la senadora Paola Holguín, del Centro Democrático, y el concejal de Medellín Andrés Tobón, del movimiento Creemos. Las acciones judiciales incluyen posibles delitos como abuso de función pública, prevaricato, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias.

De manera paralela, el Consejo de Estado adelanta un proceso que podría desembocar en la pérdida de investidura de la congresista, centrado en su presunta intervención en asuntos de seguridad y en el traslado de personas privadas de la libertad a eventos públicos.

El panorama judicial de Zuleta también registra antecedentes recientes: en noviembre de 2025, la senadora se retractó de afirmaciones en las que vinculaba al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con la Oficina de Envigado, en el marco de una acción judicial por injuria promovida por el exmandatario.

Por ahora, no existe una imputación formal ni una decisión de fondo en contra de la senadora. Los procesos se encuentran en fases preliminares y su avance dependerá de la evaluación que realicen las autoridades penales, disciplinarias y administrativas sobre los testimonios y demás elementos probatorios recopilados.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la gestión política, la intermediación humanitaria y la autonomía operativa de la Fuerza Pública en un contexto marcado por la política de “paz total” del Gobierno nacional y las tensiones que esta ha generado en los territorios más afectados por el crimen organizado.

Redacción Judicial

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