Uribe ante su hora cero judicial: la justicia define su futuro en el caso por fraude procesal y soborno a testigos
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Fallo va, hasta ahora, en contra de Álvaro Uribe: juez avala interceptaciones como prueba en su contra
El despacho judicial confirmó que las grabaciones que comprometen al expresidente no vulneran el derecho a la defensa, al concluir que el abogado Diego Cadena no actuaba como su apoderado sino como emisario para recolectar testimonios.
Redacción Judicial
Lunes, 28 de julio de 2025
En un fallo con implicaciones de fondo para el proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la juez de la República, Sandra Heredia, le dio validez a las interceptaciones telefónicas que la Fiscalía considera pieza central para probar que el exmandatario habría inducido a falsos testigos con el objetivo de favorecer su situación jurídica.
Según la tesis del ente acusador, Uribe fue determinador para que el abogado Diego Cadena buscara a exparamilitares en cárceles del país y los convenciera de modificar sus declaraciones, en beneficio del líder del Centro Democrático.
El punto de quiebre en la discusión probatoria estaba en el origen de esas grabaciones: fueron iniciadas de forma accidental por la Corte Suprema de Justicia cuando investigaba a otra persona, pero derivaron en conversaciones entre Cadena y terceros, entre ellos el propio expresidente.
La defensa de Uribe ha sostenido que dichas interceptaciones vulneran el derecho a la defensa, pues serían comunicaciones entre abogado y cliente. Sin embargo, los jueces han desestimado esa tesis.
La razón: Cadena no era formalmente el abogado defensor de Álvaro Uribe, sino una figura instrumental que actuaba como recolector de testimonios, una distinción clave que, según la juez del caso, le quita el manto de confidencialidad que protege las comunicaciones entre un abogado y su defendido. Así, las interceptaciones seguirán siendo prueba dentro del proceso penal por soborno y fraude procesal que se adelanta contra el expresidente, el primero en Colombia en enfrentar un juicio penal tras haber ocupado la Casa de Nariño.
El fallo se convierte en una victoria para la Fiscalía y un nuevo revés para la estrategia jurídica del expresidente, que ha buscado excluir estas pruebas del expediente desde el inicio del proceso.
Redacción Judicial