El recién elegido magistrado, Juan Carlos Granados Becerra, acusado de corrupción, pidió aplazar la audiencia porque se quedó sin abogado de confianza      

El juicio en contra del recién elegido magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por su presunta participación en los sobornos de Odebrecht fue postergado. La razón, porque Granados le canceló el poder a su apoderado judicial, preciso horas antes de que empezara la diligencia.

Unidad de Justicia

Lunes, 7 de diciembre del 2020

Juan Carlos Granados Becerra, excontralor de Bogotá, se presentó este lunes ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia sin un abogado, por esto el despacho no pudo realizar la acusación en su contra y la audiencia se tuvo que aplazar.

Para la diligencia se le citó a las 8:30 de la mañana, la que se sabía que se iba a realizar desde el pasado 20 de agosto,  y se iba a hacer preciso a pocos días de que Granados Becerra fuese elegido por el Congreso de la República para ser parte como magistrado de la recién creada Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La investigación por su participación en hechos corruptos ya lleva más de dos años,  viene desde octubre del 2018, acusado por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia,  esto porque al parecer el recién elegido magistrado estaría involucrado en hechos de corrupción en su condición de candidato a la gobernación de Boyacá, y después como mandatario de este  departamento, cargo público que ocupó entre el 2012 y el 2015.

Según el ente investigador Granados, supuestamente, favoreció a la gigante de Brasil, Odebrecht, responsable del pago de sobornos para conseguir millonarios contratos de infraestructura, entre los que se mencionan la construcción de la llama Ruta del Sol en su tramo dos, sobornos que ascendieron a los 11 millones de dólares. Es el mismo escándalo en los que están involucrados el exsenador Otto Bula y ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales.

Pero qué pasó entonces con la audiencia ante los magistrados de la Sala Especial de Juzgamiento. Se supo  que el pasado viernes el acusado, Granados Becerra, radicó ante el alto tribunal una solicitud de aplazamiento, con el argumento de que se había quedado sin defensor de confianza, que le había revocado el poder al penalista Darío Bazzani Montoya, quien lo venía prohijando en este caso. El documento con los pormenores del fin del trato lo adjuntó al despacho.

Al parecer, explicó en el escrito, porque tuvo diferencias de tipo económico con su colega y por tanto este no pudo seguir. Eso sí, precisó, que su intención será la de tener un abogado de confianza, que en los próximos días daría a conocer el nombre o en caso dado sería el mismo Bazzani, si logra zanjar las diferencias.

Para expertos penalistas lo que ocurrió es una “maniobra dilatoria”, porque nadie entiende como teniendo conocimiento de la diligencia desde hace tres meses solo a pocas horas decide cancelar el poder a su abogado.

Pero este no es el único rollo al que debe afrontar Granados Becerra, recordemos que en el 2017 la Contraloría General República le tiene abierto un  proceso de responsabilidad.

 Hechos, que según el ente de control, tienen que ver con el posible desvío “de recursos de educación de los boyacenses, provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP) correspondientes a la vigencia 2015, que se perdieron por presunta falta de seguimiento y supervisión de la Gobernación, a través de 2 contratos de servicios educativos que terminaron ejecutándose por subcontratistas”.

Redacción Unidad de Justicia

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