El asilo en Nicaragua a Carlos Ramón González: la justicia colombiana frente a una burla internacional

El exdirector del DAPRE y hombre de confianza del presidente Gustavo Petro, recibió asilo político en Nicaragua, blindándose de la orden de captura que pesa en Colombia por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Para el ciudadano común, la decisión del régimen de Daniel Ortega se interpreta como un desafío abierto al sistema judicial colombiano y un golpe a la confianza en las instituciones.

Redacción Judicial

Jueves, 21 de agosto de 2025

La noticia de que Nicaragua concedió asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro, cayó en Colombia como un baldado de agua fría.

El anuncio, confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, llegó acompañado de la negativa a extraditarlo, pese a que en Colombia existe una orden de captura en su contra por el sonado escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Desde la óptica del ciudadano del común, lo que ocurre no solo constituye una afrenta al sistema judicial colombiano, sino una burla a quienes todavía confían en que la justicia es capaz de sancionar a los responsables de abusar del poder. La protección que brinda el régimen de Daniel Ortega a un funcionario acusado en un caso de corrupción millonaria golpea directamente la credibilidad de las instituciones nacionales.

“Mientras aquí los colombianos de a pie deben enfrentar todo el peso de la ley, los poderosos encuentran refugio en gobiernos extranjeros”, se escucha en la voz de ciudadanos indignados que ven en esta decisión un símbolo de impunidad.

El trasfondo político no es menor. González no era un funcionario cualquiera: como director del DAPRE, tenía acceso directo al presidente Petro, lo que lo convertía en uno de los hombres más influyentes y poderoso del gobierno. Su caída, vinculada a los manejos irregulares en la UNGRD, no solo afecta la imagen del Ejecutivo, sino que pone en evidencia los frágiles equilibrios entre poder, justicia y confianza ciudadana.

Nicaragua, al justificar el asilo, alegó que “toda persona tiene derecho a buscar y recibir protección en caso de persecución política”. Sin embargo, para la mayoría de colombianos, la corrupción no es persecución, sino delito. Y ese contraste entre el discurso jurídico y la realidad de los hechos alimenta la sensación de que las reglas nunca son iguales para todos.

Campanazo final:
Lo ocurrido con Carlos Ramón González trasciende lo judicial y lo diplomático: es un golpe a la moral ciudadana. El asilo en Managua se convierte en un espejo incómodo para Colombia, donde el ciudadano de a pie ve cómo la justicia es implacable con los débiles, pero flexible con los poderosos. Si el gobierno de Gustavo Petro no asume con firmeza las consecuencias de tener a uno de sus hombres más cercanos protegido en el extranjero, la confianza pública en la justicia y en el propio Ejecutivo quedará cada vez más erosionada. En el fondo, lo que retumba es una advertencia: la impunidad, cuando se normaliza, termina siendo más corrosiva que la corrupción misma.

Redacción Judicial

Sigue nuestras publicaciones en el Twitter @elhomenoticias

en nuestro canal de Youtube EL HOME NOTICIAS

también en Instagram @elhomenoticias