Denuncian incumplimiento de requisitos ambientales de DECOCOL, empresa que podría quedarse con el contrato de chatarrización del Ejército Nacional

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) pidió al Ministerio de Transporte investigar a DECOCOL S.A.S. y otras empresas del sector por posibles incumplimientos técnicos y ambientales. Una resolución de la CAR impuso condiciones para la operación de la planta de Sibaté. Fotografías obtenidas por EL HOME NOTICIAS y la denuncia dejan dudas de las instalaciones y de una posible falta de verificación por el Ejército de requisitos exigidos.

Redacción Investigativa

Lunes, 19 de octubre de 2026

Una denuncia presentada al Ministerio de Transporte cuestiona ante las autoridades las condiciones ambientales y operativas de empresas dedicadas a la desintegración de vehículos en Colombia. Entre las firmas mencionadas figura DECOCOL S.A.S., señalada por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) a ser investigada por posibles fallas en sus documentos de operación.

El asunto es de gran interés por la participación de esta empresa en un importante proceso de contratación pública relacionados con la chatarrización de automotores blindados, de gran peso, del Ejército Nacional.

La ACC solicitó que las autoridades revisen la documentación, las certificaciones y las condiciones técnicas y ambientales de las compañías señaladas. Según el escrito, remitido a la cartera de Transporte y relacionado con información suministrada por la Veeduría Ciudadana del Transporte Público (TRANSMOVICOL), existirían documentos y fotografías que ameritan verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para desarrollar actividades de desintegración vehicular.

Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere a la sede de DECOCOL en Sibaté, Cundinamarca, donde la situación de las instalaciones y el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental al parecer siguen pendientes, de una falta de cumplimiento a lo que exigió la entidad ambiental.

La resolución de la CAR que fue otorgada sin que DECOCOL empezara las obras de adecuación

EL HOME NOTICIAS examinó la Resolución DGEN No. 20237000756, expedida el 3 de noviembre de 2023 por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), dentro del expediente ambiental 97539.

El acto administrativo concedió a Desintegradora Ecológica de Colombia S.A.S. una certificación ambiental para la desintegración vehicular en el establecimiento ubicado en la Autopista Sur, kilómetro 17, vía Sibaté, vereda Chacua, en el lote 3 de un amplio predio.

Sin embargo, la misma resolución estableció condiciones que debían cumplirse antes de iniciar las actividades. El artículo sexto concedió a la empresa un plazo de nueve meses para realizar las adecuaciones de las instalaciones e implementar las especificaciones técnicas contempladas en la documentación presentada ante la autoridad ambiental.

El documento también fue explícito sobre la restricción operativa: la compañía no podía comenzar las actividades de desintegración hasta contar con la infraestructura, el equipamiento, el personal y los demás elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales.

Además, una vez terminadas las obras, la empresa debía informar a la CAR para que esta realizara una visita técnica y verificara que las adecuaciones correspondieran al proyecto presentado y a las disposiciones aplicables de la Resolución 1606 de 2015.

Este escrito deja a la vista una pregunta que da pie a la investigación: ¿se ejecutaron las obras dentro del plazo establecido y existe un informe de la CAR que certifique la verificación de las condiciones antes de que comenzaran las operaciones?

La resolución acredita la expedición de la certificación y las obligaciones impuestas, pero no permite establecer por sí sola si estas fueron cumplidas posteriormente. Para resolver esa cuestión se necesitan los informes de seguimiento y las actuaciones posteriores que reposen en el expediente.

Esta es la planta de Desintegradora Ecológica de Colombia S.A.S., ubicada en el lote 3 de la Autopista Sur, kilómetro 17, vía Sibaté, vereda Chacua, Cundinamarca. Las condiciones que se observan en la imagen plantean interrogantes sobre el cumplimiento de las adecuaciones exigidas por la CAR para iniciar la desintegración de vehículos. La resolución ambiental establece que la empresa no puede comenzar estas actividades hasta contar con la infraestructura, los equipos y el personal necesarios. Corresponde a la autoridad ambiental verificar si se han cumplido esos requisitos.

Las fotografías en poder de EL HOME NOTICIAS

Varias fotografías obtenidas por este medio y captadas desde un puente peatonal ubicado frente al lote en donde funciona permiten observar parte del predio señalado.

En las imágenes se aprecian amplias zonas de terreno aparentemente sin pavimentar, cerramientos de color azul, algunas construcciones y maquinaria en el área posterior. En primer plano existe un encerramiento, cubierto de una tela polisombra de color azul, que podría ser la protección de una obra en construcción.

El material gráfico resulta relevante para orientar las verificaciones sobre las condiciones visibles del lugar. No obstante, las imágenes no muestran la existencia de áreas específicas de desintegración, si existen sistemas de impermeabilización en otros sectores o qué equipos se encuentran dentro del terreno.

Por ello, las fotografías y la denuncia de la ONG deben contrastarse con los planos aprobados, las especificaciones técnicas presentadas por la compañía, los registros de ejecución de las obras y los informes de inspección de la CAR.

La pregunta no es de cómo luce el predio, sino saber si las instalaciones cumplen las condiciones exigidas para una actividad que implica el manejo de vehículos fuera de uso y la generación de residuos que pueden requerir tratamiento especial.

Esta es la denuncia radicada ante el Ministerio de Transporte que enciende las alarmas, del funcionamiento de una de las empresas autorizadas para la desintegración de vehículos en Colombia. Se trata de DECOCOL S.A.S., es la que cuenta una altísima probabilidad de quedarse con el contrato para la chatarrización de vehículos en el Ejército Nacional.

¿Se cumplieron las exigencias ambientales?

De acuerdo con los señalamientos recogidos en la denuncia gremial, existirían dudas sobre el cumplimiento de requisitos técnicos y ambientales en las instalaciones de las empresas cuestionadas. En el caso de DECOCOL, los denunciantes plantean inquietudes sobre las superficies del predio y la infraestructura necesaria para desarrollar la actividad.

La ACC solicita que las autoridades determinen si las compañías cumplían los requisitos aplicables al momento de recibir sus certificaciones o habilitaciones y si han mantenido las condiciones necesarias para continuar operando.

La denuncia también hace referencia a Importaciones Manizales, empresa que, según la ACC, habría estado relacionada con actuaciones administrativas de la CAR por presuntas actividades de desintegración realizadas sin la certificación ambiental correspondiente.

Este antecedente debe verificarse mediante los actos administrativos, expedientes y decisiones oficiales que lo sustenten. También es necesario establecer si existe una relación jurídica u operativa con las demás compañías mencionadas y si los hechos señalados tuvieron alguna incidencia en posteriores autorizaciones.

De hecho, la ACC solicita revisar los certificados emitidos, las pólizas, la trazabilidad de los materiales obtenidos durante la desintegración y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además de verificar las condiciones técnicas y operativas de las compañías.

En el caso de los vehículos del Ejército Nacional, resulta necesario consultar los documentos del proceso contractual correspondiente para establecer cuáles empresas participan, qué requisitos deben acreditar, qué evaluaciones se han realizado y cuál es el estado del procedimiento.

La posibilidad de que una empresa señalada en una denuncia participe en un contrato público no constituye, por sí sola, prueba de irregularidad. Sin embargo, cuando se plantean dudas sobre requisitos ambientales o técnicos que podrían ser relevantes para la contratación, se debe de inmediato hacer una revisión exhaustiva de la documentación que está en juego en el proceso de chatarrización.

EL HOME NOTICIAS no cuenta, con la información examinada hasta el momento, con elementos suficientes para afirmar que DECOCOL tenga asegurada la adjudicación del contrato o que haya sido favorecida irregularmente. Esos extremos deben comprobarse a través de los documentos oficiales del proceso.

Lo que solicita la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC)

Según el escrito descrito en la denuncia, la Asociación Colombiana de Camioneros pidió a las autoridades verificar las condiciones de las instalaciones, revisar la documentación presentada por las empresas señaladas y evaluar la procedencia de medidas administrativas si se comprueban incumplimientos.

Entre las actuaciones solicitadas se encuentran visitas técnicas, auditorías documentales, revisión de pólizas y certificados, y la evaluación de eventuales suspensiones preventivas cuando exista fundamento legal para adoptarlas.

La organización también planteó que los hallazgos que correspondan sean puestos en conocimiento de organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Transporte, la DIAN y la CAR, para que cada entidad determine si hay asuntos de su competencia.

A la CAR le corresponde precisar si la empresa informó la culminación de las obras, cuándo se efectuó la visita técnica prevista en la resolución, cuáles fueron sus resultados y si se adelantaron inspecciones posteriores. También debe establecerse si existen requerimientos, medidas preventivas o actuaciones sancionatorias relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Al Ministerio de Transporte le corresponde aclarar qué verificaciones se han realizado sobre las habilitaciones y los requisitos sectoriales de las compañías mencionadas, así como el estado del proceso contractual relacionado con la desintegración de vehículos del Ejército, si existe participación de las firmas señaladas y qué documentos sustentan su evaluación.

Por su parte, DECOCOL S.A.S. debe tener la oportunidad de explicar las condiciones actuales de sus instalaciones, precisar la fecha en que ejecutó las adecuaciones, identificar los equipos instalados y aportar los informes o actas que acrediten las verificaciones realizadas por la autoridad ambiental.

La pregunta de fondo es si las empresas señaladas cumplen efectivamente las condiciones ambientales y técnicas exigidas para desarrollar sus actividades y participar en procesos relacionados con recursos públicos, como los del Ejército Nacional.

En el caso de DECOCOL, la verificación de las obligaciones fijadas por la CAR constituye un punto de partida concreto: determinar si se realizaron las adecuaciones exigidas, si fueron inspeccionadas y si la compañía comenzó sus operaciones únicamente después de cumplir las condiciones establecidas.

EL HOME NOTICIAS continuará solicitando y contrastando la documentación pertinente. La investigación busca establecer qué ocurrió, qué controles se practicaron y si hay fundamentos para que entidades como el Ejército hagan sus ajustes y tengan en cuenta las alertas como la que radicó la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC).

Redacción Investigativa.

Sigue nuestras publicaciones en el Twitter @elhomenoticias

en nuestro canal de Youtube EL HOME NOTICIAS

también en Instagram @elhomenoticias