Consejo de Estado admitió demanda de pérdida de investidura de David Racero, se suma a denuncia de abuso laboral a sus trabajadores

Al congresista le señalan de no ofrecer garantías laborales a los empleados de uno de sus negocios. Lo del alto tribunal es por someter a sus colaboradores a cumplir labores por fuera del contrato con la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

JUSTICIA

Lunes, 26 de mayo de 2025

David Racero, representante a la Cámara, no sólo es el protagonista de uno de los escándalos más recientes, ante la filtración de audios, por abusar laboralmente de trabajadores en uno de sus negocios, por no pagar lo de ley y exigir más horas de trabajo sin ningún tipo de recargos.

En la grabación, que está circulando en las redes sociales, se escucha la voz del congresista ofreciendo empleo con el pago de un millón de pesos, por debajo del salario mínimo legal vigente, sin prestaciones y con 12 horas de trabajo, ofreciendo solo un día de descanso mensual.

“El pago es de un millón mensual, no tiene prestaciones, no tiene nada. Un millón y sí toca decirle que es tiempo completo, 7 de la mañana 8 de la noche. Ellos son toderos (…) cajera, pero de todo”, se escucha en el audio.

Esta vez el Consejo de Estado admitió una demanda por pérdida de investidura. Los señalamientos tienen que ver con las exigencias que hacía Racero a sus integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), los que debían desempeñar labores ajenas a sus contratos.

El proceso recayó en manos del magistrado Freddy Ibarra Martínez, quien ya tiene en su poder otra denuncia relacionada con este tipo de irregularidades.

El Home Noticias logró establecer que el alto tribunal unirá los dos expedientes para realizar un solo estudio, con lo que se buscará la consolidación de documentos y procesos para sacar adelante el caso.

La denuncia para la pérdida de investidura es, específicamente, porque el representante a la Cámara le exigía a uno de sus asistentes que también trabajara en un negocio de venta de frutas y verduras, ubicado en la localidad de Engativá, en Bogotá, sin ningún tipo de recargos.

Las labores del colaborador, en fines particulares, es calificado como mala utilización de los dineros públicos, teniendo en cuenta que los miembros de la UTL son contratados con recursos del Estado, para realizar actividades específicas en el órgano legislativo.

Redacción Justicia

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