Bancada del Pacto Histórico se opone a bombardeo de campamentos de comandantes guerrilleros, hablan de violación de Derechos Humanos

Sectores del llamado ‘petrismo’ cuestionan las operaciones aéreas contra campamentos de grupos armados y piden revisar los protocolos de inteligencia antes de emprender un ataque con explosivos. Por su parte el Gobierno defiende la acción de la Fuerza Pública frente a estructuras ilegales que continúan atacando a los uniformados y sacando de las escuelas a los menores, los reclutados de manera violenta.

Redacción Política

Jueves, 17 de septiembre de 2026

La polémica sobre los bombardeos contra campamentos de grupos armados ilegales volvió a sonar en el recinto del Congreso de la República. Sectores del Pacto Histórico, entre ellos el senador Iván Cepeda, cuestionan la forma como el Gobierno de Abelardo de la Espriella está desarrollando estas operaciones, especialmente cuando existe información sobre la posible presencia de menores de edad en las zonas atacadas.

 El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de guerrillas y otros grupos armados ilegales continúa siendo una de las graves consecuencias del conflicto colombiano. Organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre un aumento de estos casos durante los últimos años.

Informes de Naciones Unidas, UNICEF y Human Rights Watch han alertado sobre el crecimiento del reclutamiento y utilización de menores (un aumento del 300%). Sin embargo, las autoridades y organizaciones humanitarias también advierten que las cifras pueden ser mayores, que existe un importante subregistro, debido a las dificultades para acceder a las zonas controladas por grupos armados, el temor de las familias y la falta de denuncias.

No obstante, el rechazo de la bancada de izquierda se limita solamente a la utilización de explosivos lanzados desde aviones de combate de la fuerza militar. Aquí surge una pregunta: ¿Qué protocolos deben aplicar, entonces, las Fuerzas Militares cuando la inteligencia advierte que en un campamento de una estructura armada podrían encontrarse niños, niñas o adolescentes reclutados por la delincuencia organizada?

Los sectores que cuestionan los bombardeos sostienen que los menores reclutados por las organizaciones armadas son, ante todo, víctimas del conflicto y que su presencia debe ser tenida en cuenta antes de ordenar una operación aérea.

El tema ganó sonoridad después de la operación militar realizada el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura de las disidencias de las Farc. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, a esa entidad fueron trasladados diez cuerpos relacionados con la operación y tres de los nueve cuerpos identificados inicialmente correspondían a menores de edad, dos de ellos tenían 15 y el otro 16 años

Cepeda cuestiona la actuación del Ministerio de Defensa por bombardear a la guerrilla

El senador Iván Cepeda convirtió el tema en uno de los principales argumentos de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.

Durante el debate, el congresista cuestionó la manera como el Gobierno ha presentado los resultados de algunas operaciones militares y criticó las imágenes difundidas después de los operativos, en las que aparecen el presidente Abelardo de la Espriella y el ministro Mora junto a bolsas que contenían cuerpos de personas muertas.

Cepeda calificó esas imágenes como una presentación de “trofeos de guerra” y sostuvo que entre las personas fallecidas había menores de edad.

“Los bombardeos no son para celebrar, como ningún acto de la guerra en este país. Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que se regodeen con la muerte de compatriotas”, afirmó el senador durante el debate.

El congresista también cuestionó la manera en que el Gobierno está planteando el uso de la fuerza contra las organizaciones armadas ilegales y reclamó que las operaciones militares se desarrollen dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.

Mientras desde sectores políticos se exige mayor precaución frente a la presencia de menores, las autoridades enfrentan organizaciones armadas que continúan utilizando estructuras clandestinas y diferentes medios para atacar a integrantes de la Fuerza Pública.

En ese contexto, también se han formulado señalamientos según los cuales algunos grupos armados estarían manteniendo a menores reclutados dentro de sus campamentos, circunstancia que dificulta las operaciones militares y aumenta el riesgo para quienes participan en ellas.

Sin embargo, esta afirmación debe ser sustentada caso por caso mediante información de inteligencia, investigaciones judiciales y evidencias verificables. La presencia de menores en un campamento no convierte automáticamente a esos niños o adolescentes en combatientes ni permite calificarlos como “escudos humanos” sin establecer las circunstancias concretas.

Ese es precisamente uno de los puntos más sensibles de la controversia: los menores reclutados por grupos armados son víctimas, pero su presencia en una zona donde también operan combatientes plantea un desafío operacional y jurídico para las autoridades.

También está de por medio una decisión judicial

La polémica expuesta por los congresistas del Pacto Histórico también se desarrolla después de una decisión judicial relacionada con los bombardeos y, según, por la protección de menores mantenidos contra su voluntad en los campamentos de la guerrilla..

La discusión jurídica no estableció una prohibición general de estas operaciones, pero sí puso especial atención en el deber de precaución cuando las autoridades tengan información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes en el área donde se proyecta una operación.

Esto significa que el debate no puede reducirse a una oposición entre quienes respaldan los bombardeos y quienes los rechazan.

La verdadera discusión está en cómo debe actuar la Fuerza Pública frente a estructuras armadas ilegales sin poner en riesgo a menores reclutados, civiles u otras personas que no participan directamente en las hostilidades.

Pero, para las autoridades encargadas de la seguridad, el desafío consiste en enfrentar estructuras armadas que continúan operando en zonas rurales y que representan una amenaza para la población y para los integrantes de la Fuerza Pública.

Lo que se debe considerar, entonces, es cómo combatir a los grupos armados sin desconocer las obligaciones del Estado de proteger a los menores reclutados y a la población civil.

Redacción Política

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