Increíble, 279 millones de pesos por tres meses:

Cuestionan millonario arriendo de oficinas de Sanidad de la Policía en Barranquilla

Mientras usuarios denuncian demoras, falta de especialistas y fallas en la atención, la Policía destinó $279,6 millones para arrendar por tres meses un local de 173 metros cuadrados en el Centro Comercial Americano. Veedores cuestionan la conveniencia del contrato y advierten un posible detrimento de los recursos destinados a la salud de los uniformados y sus familias.

Redacción Investigativa

Viernes, 4 de septiembre de 2026

La Clínica Regional del Caribe de la Policía, en Barranquilla, vuelve a estar en el ojo del huracán. Es la misma institución que en años anteriores fue escenario de denuncias por presuntas irregularidades, entre ellas la contratación de María Zapata Gómez como médica pese a que, según los documentos que sustentan las denuncias, no habría obtenido título profesional; también la presunta negociación de turnos y denuncias relacionadas con el robo de medicamentos y pañales destinados a pacientes.

En esta clínica de la Policía también se cuestionó la extracción de elementos y equipos de oficinas sin una explicación clara. Ahora aparece un nuevo episodio que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos.

Esta vez, la denuncia gira en torno de un contrato por 279.602.208 de pesos para el arrendamiento y pago de administración de un inmueble durante apenas tres meses, destinado a oficinas administrativas de la Regional de Aseguramiento en Salud Norte y de la Unidad Prestadora de Salud Atlántico.

El contrato también resulta llamativo por el momento en que se produce. Ocurre mientras el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha planteado la austeridad en el gasto público y la reducción del tamaño del Estado como una de sus principales apuestas. El caso abre así un nuevo análisis sobre la coherencia entre ese discurso de contención del gasto y las decisiones que se están adoptando en las entidades públicas, particularmente cuando los recursos comprometidos corresponden al sistema de salud de la Policía.

La contratación, realizada de manera directa, contempla los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026. De mantenerse el uso del inmueble durante todo 2027, el costo proyectado alcanzaría aproximadamente 1.119 millones de pesos, según el valor mensual establecido en el contrato.

El cuestionamiento de los usuarios y veedores surge en un momento especialmente sensible: mientras la institución argumenta limitaciones presupuestales para atender algunas necesidades del sistema de salud, se comprometen recursos millonarios en el alquiler de oficinas administrativas.

La decisión también genera preguntas de los usuarios por la ubicación del inmueble. Se trata de un local de aproximadamente 173 metros cuadrados, ubicado en el denominado ‘sótano 1’ del Centro Comercial Americano, al norte de Barranquilla, a una distancia considerable, unos 20 kilómetros, de la Clínica Regional del Caribe, localizada sobre la Avenida Circunvalar.

Para los denunciantes, antes de comprometer estos recursos debieron estudiarse otras alternativas, entre ellas espacios disponibles dentro de la propia clínica o instalaciones de la institución ubicadas en otros sectores de Barranquilla.

Este es el pantallazo de los datos que figuran en el SECOP relacionados con el millonario contrato de casi 280 millones de por el arrendamiento de un local para la Unidad Prestadora de Salud de la Policía en Barranquilla.

Un contrato que ya genera serias dudas

En los documentos del proceso aparece como objeto el “arrendamiento y pago de administración de bien inmueble para el funcionamiento de las dependencias administrativas de la Regional de Aseguramiento de Salud Norte y la Unidad Prestadora de Salud Atlántico”.

EL HOME NOTICIAS pudo establecer que el personal administrativo ya comenzó a instalarse en las nuevas oficinas.

Pero la pregunta central de los usuarios es sencilla:

¿Por qué pagar cerca de 280 millones de pesos por tres meses para trasladar oficinas administrativas cuando existen, según los denunciantes, espacios que podrían ser adecuados dentro de instalaciones de la propia institución?

El abogado constitucionalista Daniel Santos Carrillo, defensor de usuarios del subsistema de salud y representante de la Sociedad Colombiana de Profesionales de la Policía, cuestionó la decisión y la calificó como un posible “despilfarro y detrimento patrimonial”.

Santos Carrillo sostiene que en la Clínica Regional del Caribe existen áreas que podrían ser adecuadas para albergar parte de las dependencias administrativas.

“Sabemos que existe un proyecto, que ya están elaborados los planos, para la adecuación de un área de oficinas para ser usadas por el ‘tren administrativo’”, aseguró el defensor de usuarios de la salud en la Policía, Santos Carrillo.

El abogado señaló, además, un espacio que anteriormente funcionaba como cafetería y que actualmente sería utilizado ocasionalmente como auditorio para reuniones con veedores y usuarios.

Su cuestionamiento es directo: si existen espacios dentro de la infraestructura institucional, ¿por qué no se evaluó su adecuación antes de comprometer recursos en un contrato de arrendamiento de esta magnitud?

¿Se estudiaron todas las alternativas?

Los denunciantes aseguran que tampoco se habría considerado suficientemente la posibilidad de utilizar otras instalaciones de la Policía en Barranquilla y el Atlántico, entre ellas la antigua Escuela de Policía Antonio Nariño, el antiguo Departamento de Policía Atlántico, en el barrio Los Almendros, y dependencias de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

De ahí surge otro interrogante que deberá ser respondido por la institución:

¿Cuál fue el estudio técnico, financiero y de conveniencia que determinó que el inmueble del Centro Comercial Americano era la mejor alternativa para trasladar las oficinas administrativas?

La respuesta resulta relevante porque no se trata simplemente de decidir dónde ubicar unas oficinas. Está en juego el uso de recursos públicos destinados al sistema de salud de miles de policías, pensionados, beneficiarios y sus familias en la región Caribe.

La denuncia precisa que en las instalaciones de la Clínica Regional del Caribe existe un espacio para que se instalaran las dependencias administrativas de la Regional de Aseguramiento de Salud Norte, indican los veedores que en donde funcionaba una cafetería en el primer piso, es un local que permanece sin ningún tipo de uso.

La publicidad del traslado de las oficinas generó la alerta temprana 

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los usuarios fue que, mientras el proceso de contratación aún se encontraba en trámite y se recibían propuestas de posibles oferentes, desde las redes sociales, desde las oficinas de comunicaciones y Dirección de la Regional se anunciaba el traslado de las dependencias administrativas al Centro Comercial Americano.

Es decir, el traslado parecía estar definido públicamente mientras el proceso contractual todavía avanzaba.

Para los veedores, esta circunstancia amerita una explicación sobre el momento en que se tomó realmente la decisión y sobre los estudios que sustentaron la selección del inmueble.

La institución, por su parte, explicó que el traslado obedece a planes de mejoramiento continuo de sus instalaciones y aclaró que los servicios y las ventanillas de atención a los usuarios no serán trasladados.

Sin embargo, esa explicación no ha resulto las dudas de los veteranos de la Policía que mantienen en la lupa y cuestionan el “apresurado” contrato.

¿Quién paga el costo del traslado?

Entre los usuarios consultados también existe preocupación por la ubicación de las nuevas oficinas.

Aunque las dependencias administrativas no serían las encargadas de prestar directamente los servicios médicos, allí se realizan trámites que involucran a usuarios de diferentes municipios del Atlántico y de otras zonas del Caribe.

Uno de los usuarios, adulto mayor, relató que durante una reunión realizada el 28 de agosto de 2026, en la que se abordó el traslado de las oficinas, preguntó si se había tenido en cuenta la dificultad que tendrían las personas residentes en otros municipios para desplazarse hasta el norte de Barranquilla.

Según su relato, la respuesta fue entregada por la capitán Erika Tatiana Calderón López:

“Los cambios son duros, pero hay que adaptarse”, manifestó la capitán Calderón.

La frase generó malestar entre algunos asistentes, quienes consideran que las decisiones administrativas también deberían contemplar las condiciones económicas, de movilidad y de edad de los usuarios.

Una clínica que arrastra otros cuestionamientos

El nuevo episodio ocurre en una institución que ya ha sido objeto de denuncias por parte de usuarios y veedores.

En 2024 fueron expuestos cuestionamientos relacionados con presuntas irregularidades en la asignación o negociación de turnos, denuncias sobre medicamentos y pañales destinados a pacientes y la presunta extracción de elementos y equipos de oficinas. Estas situaciones fueron objeto de denuncias ante las autoridades competentes a partir de los documentos y evidencias aportados en cada caso, por una oficial que fue sacada de la Institución luego de hacer públicas las irregularidades.

Ahora, la controversia se concentra en el manejo de los recursos destinados a infraestructura administrativa.

Usuarios también han denunciado, a través de redes sociales, demoras en la atención, problemas de conectividad y dificultades para la asignación de citas con especialistas, así como inconvenientes relacionados con la entrega de medicamentos y la atención a través de la red externa.

Son problemas que, según los propios usuarios, contrastan con el argumento recurrente de limitaciones presupuestales dentro del sistema.

El recuerdo de una muerte que deja de presente el caos

En medio de estas denuncias vuelve a aparecer el caso del subintendente Jaider Martínez Bayona, quien falleció en abril de 2025 después de sufrir un episodio cardíaco mientras esperaba atención médica en la clínica.

De acuerdo con la denuncia conocida por este medio, el uniformado llegó vestido con su uniforme y manifestó que presentaba un fuerte dolor en el pecho. Sus familiares y allegados han cuestionado la oportunidad de la atención que recibió antes de desplomarse.

El caso permanece como uno de los episodios que los usuarios recuerdan al momento de reclamar mejores condiciones de atención en salud.

¿De quien es la responsabilidad de esta decisión que compromete recursos del Estado?

Los reclamos recaen ahora sobre la nueva Dirección de Sanidad de la Policía, encabezada por el coronel Alexander Obando Sánchez, y sobre la jefatura regional, a cargo del teniente coronel Iván Darío Ruiz Velasco.

Para los denunciantes, la discusión no puede reducirse a un simple traslado de oficinas.

Lo que está en juego, sostienen, es la forma en que se están priorizando los recursos públicos destinados a la salud de los integrantes de la Policía y sus familias.

Y queda una pregunta de fondo que deberá ser respondida con documentos:

¿Era indispensable comprometer 279,6 millones de pesos durante tres meses para arrendar un local de 173 metros cuadrados, cuando la propia institución cuenta con infraestructura y espacios que, según los denunciantes, podrían haber sido evaluados como alternativa?

El abogado Daniel Santos Carrillo anunció que los cuestionamientos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes y que se estudia acudir a los organismos de control y a los mecanismos judiciales correspondientes, con el propósito de establecer si las decisiones adoptadas se ajustan a la Constitución, la ley y los principios que rigen la contratación estatal.

Más allá de las explicaciones administrativas, el caso deja abierto un cuestionamiento directo que habla del costo de un arriendo: ¿cómo se están gastando los recursos destinados a la salud de quienes sirven a la Policía Nacional?

Redacción Investigativa

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