El polémico ascenso de la general Olga Patricia Salazar: lealtades políticas y cuatro meses de anticipación
14 agosto, 2026¡Aparecieron las llaves! El contrato que pone bajo la lupa el ascenso de la general Olga Patricia Salazar
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En la imagen, el exministro de Defensa Pedro Sánchez y la mayor general Olga Patricia Salazar Sánchez, protagonistas de una controversia que pone bajo la lupa el ascenso de la oficial y el contrato de más de 130 millones de pesos suscrito por ella con un hermano del entonces ministro. Se presume, entonces, un eventual conflicto de intereses.
¡Aparecieron las llaves! El contrato que pone bajo la lupa el ascenso de la general Olga Patricia Salazar
El Senado aprobó el ascenso de la brigadier general Olga Patricia Salazar Sánchez al grado de mayor general, en medio de un hecho escandaloso por un contrato de 130 millones de pesos que la oficial suscribió, como directora Logística y Financiera de la Policía, con Juan Carlos Sánchez Suárez, hermano del entonces Ministro. La coincidencia genera una pregunta: ¿Existe relación entre ambos hechos?
Redacción Investigativa
Viernes, 14 de agosto de 2026
Una contratación estatal, un nombre que se repite y un ascenso aprobado por el Senado. Tres hechos que, vistos por separado, podrían parecer independientes, pero que adquieren una dimensión distinta cuando aparecen conectados en los documentos oficiales.
El caso involucra a la ahora mayor general Olga Patricia Salazar Sánchez, al exministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez y a su hermano Juan Carlos Sánchez Suárez, quien recibió un contrato de prestación de servicios de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional por $130.161.000.
La contratación quedó formalizada el 13 de febrero de 2025, cuando Salazar Sánchez se desempeñaba como directora Logística y Financiera de la Policía Nacional. La minuta del contrato, cuya copia está en poder de este medio, identifica como contratista a Juan Carlos Sánchez Suárez y establece que la funcionaria estaba facultada para celebrar contratos en representación de esa dependencia.
El documento oficial no deja lugar a interpretaciones sobre el objeto del vínculo contractual. Se trató de la “prestación de servicios profesionales de un ingeniero en Transportes y Vías e ingeniero Civil con especialización en gerencia de obra”, destinado al componente de planeación, estructuración y seguimiento de proyectos de la Policía Nacional, específicamente para el área de Gestión de Proyectos de la Dirección de Infraestructura.
Y aquí aparece la primera pieza de este rompecabezas.
La persona que suscribió el contrato en representación de la Policía, Olga Patricia Salazar Sánchez, es la misma oficial cuyo ascenso al grado de mayor general fue posteriormente sometido a consideración del Senado de la República.
La fecha que cambia la lectura del caso
La contratación de Juan Carlos Sánchez Suárez ocurrió el 13 de febrero de 2025.
Seis días después, el 19 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció públicamente que Pedro Arnulfo Sánchez Suárez sería el nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Iván Velásquez. El nombramiento formal se produjo mediante el Decreto 0249 del 3 de marzo de 2025 y Sánchez asumió la cartera en ese momento.
Esta precisión resulta fundamental.
El contrato de Juan Carlos Sánchez fue firmado antes de que Pedro Sánchez fuera ministro de Defensa, por lo que no sería correcto afirmar que la contratación fue realizada cuando este ya ocupaba esa cartera.
Sin embargo, el contexto no termina allí.
Para entonces, Pedro Sánchez ya había sido anunciado como futuro ministro y venía de desempeñarse como jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro. Su llegada al Ministerio de Defensa se produjo pocas semanas después.
Por eso, el interrogante periodístico no puede construirse únicamente alrededor de la fecha del contrato. Debe concentrarse en determinar qué relación, si alguna, existió entre el contratista, la oficial que suscribió el contrato y posteriormente ascendió, y el entonces alto oficial que estaba a punto de convertirse en jefe de la cartera de Defensa.
Esta es la portada del contrato que enciende la polémica: El hermano del exministro de Defensa, el contratista Juan Carlos Sánchez Suárez, suscribió dos contratos con la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional por un valor cercano a los 137 millones de pesos.
Un contrato firmado por quien hoy es mayor general
Lo inusual de todo lo ocurrido queda en evidencia. La Policía Nacional aparece como entidad contratante y Juan Carlos Sánchez Suárez como contratista. El documento señala que Olga Patricia Salazar Sánchez actuaba en calidad de directora Logística y Financiera y que había sido nombrada mediante el Decreto 0984 del 20 de junio de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional.
También precisa que estaba facultada para celebrar contratos conforme al artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con la Resolución 00011 del 2 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.
Es decir, la oficial tenía competencia contractual dentro de la dependencia que vinculó al hermano de Pedro Sánchez.
Ese dato es especialmente relevante porque permite establecer, documentalmente, quién suscribió el contrato y desde qué posición administrativa lo hizo.
EL HOME NOTICIAS pudo establecer que para entonces no hubo ningún tipo de intervención por parte de la Dirección de la Policía Nacional, es decir, que la oficial actuó por iniciativa personal y sin la intervención u órdenes del mando institucional al momento de firmar el documento clave en este contexto.
La pregunta que queda pendiente, y que se podrá esclarecer con documentos adicionales, es si la decisión fue exclusivamente institucional y técnica o si existió alguna intervención, recomendación o gestión externa.
¿Qué recibió el hermano del entonces ministro?
El objeto establece que Juan Carlos Sánchez Suárez prestaría servicios profesionales como ingeniero en Transportes y Vías e ingeniero Civil, con especialización en Gerencia de Obra, para desarrollar actividades relacionadas con la planeación, estructuración y seguimiento de proyectos realizados en la Policía Nacional.
En particular, el contrato lo vinculó al área de Gestión de Proyectos de la Dirección de Infraestructura al mando de la general Salazar Sánchez.
La naturaleza de las funciones resulta relevante porque se trata de actividades directamente relacionadas con la planeación y seguimiento de proyectos de infraestructura de la institución policial.
El valor contractual registrado en el documento es de $130.161.000.
Y aparece el segundo episodio: el ascenso
Mientras esta contratación permanece bajo la lupa, la carrera de Olga Patricia Salazar Sánchez continuó avanzando dentro de la institución.
Aquí aparece el elemento que alimenta este escándalo:
La misma oficial que en 2025, desde la Dirección Logística y Financiera de la Policía, suscribió el contrato con el hermano de Pedro Sánchez, terminó siendo promovida al grado de mayor general durante el último tramo del Gobierno Petro.
La coincidencia, por sí misma, no prueba un intercambio de favores. Pero sí constituye un elemento que amerita ser examinado, particularmente si existen actuaciones, comunicaciones, recomendaciones o decisiones que permitan establecer si hubo alguna intervención de Pedro Sánchez en la presentación de la hoja de vida de la alta oficial.
El contrato y el Estatuto de Contratación
Lo sucedido adquiere además una connotación jurídica que no puede ser ignorada.
El artículo 8 de la Ley 80 de 1993 contempla restricciones para contratar con una entidad estatal cuando existen determinados vínculos de parentesco con servidores públicos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo de la entidad contratante. La norma se refiere, entre otros, a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
Esto significa que la discusión jurídica no puede resolverse simplemente afirmando que Pedro Sánchez era ministro de Defensa o que la Policía pertenece al sector Defensa. Es necesario determinar cuál era exactamente la competencia de cada funcionario, cuál era la entidad contratante, qué nivel ocupaba el servidor relacionado con el contratista y si concurría alguna causal específica de inhabilidad o incompatibilidad.
Lo que sí existe es una situación que merece ser investigada y explicada.
¿Existe alguna conexión entre el contrato de $130.161.000 suscrito por Juan Carlos Sánchez Suárez y el posterior ascenso de Olga Patricia Salazar Sánchez al grado de mayor general?
Para responderla no basta con revisar el contrato.
Será necesario establecer quién recomendó el ascenso, cuándo comenzó formalmente el trámite, qué funcionarios participaron en la evaluación de la oficial, qué concepto emitió la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, quién suscribió los actos correspondientes y si Pedro Sánchez tuvo algún papel, directo o indirecto, en esa cadena de decisiones.
¿Quién es Pedro Sánchez, exministro de Defensa?
Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, general retirado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, llegó al Ministerio de Defensa el 3 de marzo de 2025, designado por el entonces presidente Gustavo Petro, y permaneció en el cargo hasta la llegada del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Su designación estuvo precedida por el reconocimiento que alcanzó como uno de los responsables de la Operación Esperanza, el amplio operativo militar y de búsqueda que permitió localizar con vida a los cuatro niños indígenas —Lesly, Soleiny, Tien y Cristin Mukutuy— desaparecidos durante 40 días en la selva amazónica, luego del accidente de una avioneta en la que viajaban con su madre.
Sin embargo, la gestión de Sánchez al frente de la cartera de Defensa también quedó rodeada de cuestionamientos relacionados con la contratación estatal de dos de sus hermanos.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro, Julio César Sánchez Suárez y Juan Carlos Sánchez Suárez, hermanos del entonces ministro de Defensa, suscribieron siete contratos con entidades del Estado por un valor superior a $735 millones, de acuerdo con la información contractual revisada para este informe.
Los contratos fueron celebrados mediante contratación directa y tuvieron como contraparte a diferentes entidades públicas, entre ellas la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el Servicio Geológico Colombiano.
Uno de los contratos que adquiere especial relevancia dentro de esta investigación fue suscrito el 13 de febrero de 2025 entre la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional y Juan Carlos Sánchez Suárez, por 130.161.000 pesos. El documento fue firmado por entonces brigadier general Olga Patricia Salazar Sánchez, quien para esa fecha se desempeñaba como directora Logística y Financiera de la institución y posteriormente fue ascendida al grado de mayor general.
El contrato fue celebrado pocos días antes de que Gustavo Petro anunciara a Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. Sánchez ha sostenido que jamás intervino, recomendó o ejerció influencia en los procesos de contratación de sus hermanos y ha defendido su derecho a trabajar con el Estado dentro de los términos establecidos por la ley.
Así, el debate no se centra únicamente en la existencia de los contratos, cuya celebración está documentada, sino en establecer si alguno de los vínculos contractuales de sus familiares pudo haber generado un conflicto de intereses, una intervención indebida o algún tipo de gestión relacionada con decisiones posteriores de la administración pública.
Redacción Investigativa
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Leonidas Medina Jiménez
Editor general
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