Escoltas de la UNP intensifican protestas y rechazan la contratación de 6.000 nuevos oficiales de protección: “No queremos más exguerrilleros como escoltas” 

Trabajadores sindicalizados de la Unidad Nacional de Protección mantienen un plantón permanente frente a la sede de la entidad en Bogotá para rechazar el proceso de provisión de más de 6.000 cargos de planta. Los manifestantes denuncian presuntas irregularidades en la selección del personal, alertan sobre el riesgo para miles de empleos y advierten una eventual afectación en la prestación del servicio de protección.

Redacción Política

Miércoles, 22 de julio de 2026

La crisis al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP) continúa escalando. Decenas de escoltas y trabajadores afiliados a diferentes organizaciones sindicales completaron más de 24 horas de protesta frente a la sede principal de la entidad, en el sector de Puente Aranda, en Bogotá, donde exigen garantías laborales, transparencia en los procesos de selección y soluciones a la incertidumbre presupuestal que, aseguran, amenaza la continuidad del servicio.

La manifestación, que permanece en asamblea permanente con la instalación de campamentos y una tarima para las intervenciones de los dirigentes sindicales, busca llamar la atención del Gobierno Nacional sobre el proceso de incorporación de más de 6.000 cargos de planta, iniciativa que, según los trabajadores, podría dejar sin empleo a miles de escoltas que actualmente prestan sus servicios mediante contratación tercerizada.

Sindicatos cuestionan la selección de nuevos escoltas

Uno de los pronunciamientos que mayor repercusión ha generado durante la protesta fue el del presidente del sindicato UT-UNP, Wilson Devia, quien expresó el rechazo de su organización a la eventual vinculación de exintegrantes de grupos armados ilegales como oficiales de protección.

Según el dirigente sindical, existen preocupaciones por presuntos cambios en los requisitos de selección que, a juicio de los manifestantes, podrían favorecer de manera irregular a personas desmovilizadas de antiguas organizaciones insurgentes.

Los sindicatos sostienen que cualquier proceso de ingreso debe desarrollarse bajo criterios estrictamente técnicos, garantizando igualdad de oportunidades, transparencia y experiencia profesional para quienes tendrán bajo su responsabilidad la protección de funcionarios, líderes sociales, periodistas, magistrados y demás personas amparadas por los esquemas de seguridad del Estado.

Incertidumbre laboral para miles de escoltas

Otro de los principales reclamos está relacionado con el futuro de los más de 12.000 escoltas tercerizados que actualmente prestan sus servicios a la entidad.

Los trabajadores advierten que la creación de la nueva planta de personal, contemplada en los Decretos 019 y 020 de 2026, no establece mecanismos claros para reconocer la experiencia acumulada durante años por quienes hoy desarrollan funciones de protección, situación que podría traducirse en una pérdida masiva de empleos.

Los líderes sindicales solicitan que cualquier proceso de formalización laboral incluya esquemas de transición que permitan preservar la experiencia del personal actualmente vinculado al servicio.

Alertan por falta de recursos y equipos

A las preocupaciones laborales se suma la situación financiera de la entidad. Los representantes sindicales aseguran que el presupuesto destinado para la operación de la UNP se encuentra comprometido y que numerosos contratos de prestación de servicios finalizaron durante el mes de julio, lo que incrementa la incertidumbre sobre la continuidad de los esquemas de protección en diferentes regiones del país.

Igualmente, organizaciones como Analtraseg sostienen que la entidad enfrenta limitaciones en materia logística, al advertir que no existirían suficientes chalecos antibalas, armas de dotación ni municiones para atender una eventual incorporación masiva de nuevos funcionarios.

Intervención de la fuerza pública y acciones judiciales

La jornada de protesta registró momentos de tensión luego de la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional, que adelantó procedimientos para despejar los accesos a la sede principal de la UNP y restablecer la movilidad en el sector.

Paralelamente, el conflicto también avanza en el escenario judicial. Un juzgado de Pereira ordenó la suspensión provisional de un contrato de la entidad por un valor superior a 78.000 millones de pesos, luego de admitir acciones constitucionales que cuestionan presuntas irregularidades relacionadas con los criterios de cobertura geográfica establecidos en la licitación.

Servicio de protección continúa operando

A pesar de la protesta, los voceros sindicales aseguraron que los esquemas de protección asignados a personas bajo riesgo continúan funcionando con normalidad.

Explicaron que la prestación del servicio se mantiene mediante la redistribución del personal disponible, con el propósito de evitar afectaciones a los protegidos mientras se desarrollan las manifestaciones.

Los trabajadores insistieron en la necesidad de instalar de manera inmediata una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior y la dirección de la Unidad Nacional de Protección para buscar soluciones que permitan superar la crisis, garantizar la estabilidad laboral del personal y fortalecer la capacidad operativa de la entidad encargada de la protección de miles de ciudadanos en todo el país.

Redacción Política

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