Entidades «politizadas» por gobierno Petro bajo la lupa del empalme de Abelardo de la Espriella

CASUR, Caja de Honor, Justicia Penal Militar, JEP y Comfamiliar Atlántico, entre los organismos oficiales que enfrentarán un estricto escrutinio en la era de ‘El Tigre’

Opinión

Domingo, 12 de julio  de 2026

Por: Daniel Santos Carrillo,

Abogado Magíster en Derecho Penal y Administrativista, veterano de la Policía Nacional

En la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo mandato culmina el próximo 6 de agosto, según lo ha reiterado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se han intensificado las decisiones relacionadas con nombramientos, encargos y contrataciones dentro de distintas entidades del Estado.

Pese al llamado formulado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, para «congelar» este tipo de actuaciones mientras se produce el empalme gubernamental, el Gobierno Nacional ha mantenido su postura. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, respondió que la actual administración continúa ejerciendo plenamente sus competencias hasta el último día de mandato.

Sin embargo, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha sido enfático al advertir que durante su administración no habrá espacio para la corrupción ni para el saqueo de las instituciones públicas. En ese propósito contará con el acompañamiento de un importante grupo de veteranos de la Fuerza Pública y de organizaciones como la Corporación Sociedad Colombiana Profesionales de Policía, integrada por especialistas, magísteres, doctores y posdoctores comprometidos con el fortalecimiento institucional.

Dentro de ese escenario, diversas entidades públicas comienzan a despertar especial preocupación por las denuncias ciudadanas, las alertas de las veedurías y las investigaciones periodísticas que han puesto en evidencia posibles procesos de politización administrativa.

CASUR: una entidad en permanente inestabilidad

Uno de los casos más sensibles corresponde a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), cuya dirección ha experimentado una notoria inestabilidad durante los últimos meses.

En menos de un trimestre fueron designados en calidad de encargados la teniente coronel Mónica Adriana Parra Santamaría, mediante el Decreto 0458 del 30 de abril de 2026, y posteriormente el mayor Rubén Darío Murcia Domínguez, en julio de este mismo año, luego del breve paso del coronel (r) Álvaro Arenas Muñoz.

Esta sucesión de encargos ha generado inconformidad entre miles de afiliados y veteranos de la Policía Nacional, quienes han promovido plantones, denuncias públicas, acciones de tutela, peticiones y múltiples manifestaciones a través de redes sociales.

Entre quienes lideran estas iniciativas se encuentran la Veeduría de Bogotá, integrada, entre otros, por el abogado y veterano Omar García Rodríguez, así como el concejal Julián Uscátegui Pastrana, quienes han solicitado una revisión integral del manejo administrativo de la entidad.

Las preocupaciones van más allá de la rotación de directivos. Se cuestiona la limitada materialización de programas de bienestar para cerca de 125.000 afiliados y beneficiarios, procesos contractuales ampliamente cuestionados, la implementación de una nueva planta de personal con serios reparos, el escaso fortalecimiento del fondo de reservas desde el año 2004 y presuntas omisiones frente al reconocimiento de obligaciones prestacionales previstas en la Ley 4 de 1992.

No estamos de acuerdo ante la politización de CASUR

Para numerosos veteranos, CASUR atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia institucional.

Las críticas apuntan a que la administración de la entidad ha venido siendo confiada a oficiales en servicio activo, subordinados jerárquicamente a la Dirección General de la Policía Nacional, desplazando de la conducción del establecimiento público a generales y coroneles retirados, quienes históricamente habían participado en su dirección.

Esta situación, sostienen los críticos, compromete la autonomía administrativa de una entidad que administra recursos superiores a siete billones de pesos anuales y lidera importantes procesos relacionados con talento humano y el reconocimiento de prestaciones sociales.

Igualmente, advierten que los funcionarios designados en calidad de encargo terminan expuestos a una situación de incertidumbre laboral y a eventuales responsabilidades derivadas de decisiones administrativas adoptadas dentro de un contexto que consideran altamente politizado.

Corresponderá al nuevo gobierno revisar estos procesos y adoptar las correcciones necesarias en beneficio de los veteranos, del equilibrio financiero de la entidad y del fortalecimiento de sus mecanismos de control interno y de transparencia frente a los organismos de vigilancia, especialmente la Contraloría General de la República.

Una preocupación por el futuro de CASUR

El debate sobre la politización no se limita a una sola institución.

Cuando una entidad concebida para actuar con criterios técnicos, especializados o independientes termina siendo utilizada para favorecer intereses políticos, ideológicos o electorales, se desdibuja su naturaleza institucional y se debilita la confianza ciudadana. En determinados casos, incluso, podrían surgir cuestionamientos relacionados con eventuales conductas de corrupción administrativa que deberán ser analizadas por las autoridades competentes.

En ese contexto, diferentes investigaciones periodísticas han puesto sobre la mesa varios episodios que hoy alimentan el cruce de opiniones.

El primero corresponde a la salida de Pilar Rueda, funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y esposa del entonces candidato presidencial Iván Cepeda Castro. Su retiro se produjo durante la campaña presidencial y, tras concluir el proceso electoral, diversos medios han informado sobre su regreso a la entidad. Para algunos sectores, esta situación merece un análisis sobre la independencia institucional de dicho organismo.

Un segundo caso fue la frustrada designación de María Eugenia Garzón Tabares, esposa del ministro de Hacienda, en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (Caja de Honor), episodio que igualmente generó amplio debate público.

También se encuentra la situación de la Justicia Penal Militar y Policial, donde diversos sectores han cuestionado la sustitución de militares y policías que ejercían funciones jurisdiccionales por personal civil, lo que, según los críticos, afecta la esencia de un sistema de justicia especializado. Actualmente esa entidad es dirigida por José Reyes Rodríguez, designado al inicio del actual gobierno y considerado cercano al exministro de Defensa Iván Velásquez, hoy embajador de Colombia en Italia.

Finalmente, aparece la intervención de la Caja de Compensación Familiar del Atlántico por parte de la Superintendencia del Subsidio Familiar, actuación que algunos analistas han relacionado con las tensiones surgidas alrededor de presuntos intereses políticos durante el reciente proceso electoral.

Preguntas que no se pueden dejar de hacer

¿Se encuentra realmente politizada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional?

¿Resulta conveniente que oficiales en servicio activo, designados de manera provisional, sean quienes administren una entidad creada para atender los intereses de los veteranos de la Institución?

¿Por qué el Gobierno Nacional no ha designado un director en propiedad para una entidad de semejante importancia?

Vale recordar que el general (r) Nelson Ramírez Suárez dirigió la entidad hasta su relevo durante el actual gobierno. Posteriormente asumió el general (r) Carlos Fernando Triana Beltrán, quien más adelante fue llamado nuevamente al servicio activo para ejercer como director general de la Policía Nacional.

Los afiliados de CASUR merecen una administración estable, técnicamente sólida y plenamente comprometida con la misión del establecimiento público. La permanencia de directores encargados, sostienen numerosos veteranos, favorece una incertidumbre institucional que termina alimentando las críticas sobre una posible politización de la entidad y el distanciamiento de su verdadero propósito: servir a quienes dedicaron su vida al servicio de Colombia.

Columnista invitado por el HOME NOTICIAS

Daniel Santos Carrillo

Abogado penalista, constitucionalista y administrativista

Contáctanos al correo: elhomenoticias@gmail.com

Sigue nuestras publicaciones en el Twitter @elhomenoticias

en nuestro canal de Youtube EL HOME NOTICIAS

también en Instagram @elhomenoticias

Otras columnas de opinión de Daniel Santos Carrillo:

‘El vandalismo, los saqueos y bloqueos deben ser reprimidos y perseguidos por la Fuerza Pública y por la Fiscalía’: Rafael Nieto

‘El vandalismo, los saqueos y bloqueos deben ser reprimidos y perseguidos por la Fuerza Pública y por la Fiscalía’: Rafael Nieto

La salud mental del poder: entre la realidad y el riesgo de un país en tensión. Columna de opinión del abogado Daniel Santos Carrillo