Alza histórica del salario mínimo reaviva temores de inflación y empleo: ¿Colombia ante un riesgo similar al de Venezuela?

El incremento del 23,78 % decretado por el Gobierno para 2026 abre un intenso debate entre defensores del “salario vital” y economistas que advierten efectos adversos sobre la inflación, la informalidad y el empleo formal.

Redacción Económica

Martes, 30 de diciembre de 2025

El aumento del salario mínimo para 2026, decretado por el presidente Gustavo Petro en un 23,78 %, no solo marcó uno de los incrementos más altos en décadas, sino que reactivó un debate de fondo sobre la sostenibilidad económica de la medida y sus posibles efectos estructurales. La decisión elevó el salario mínimo de 1.420.000 pesos a 1.750.905 y, sumado el auxilio de transporte, llevará el ingreso mensual mínimo a cerca de 2 millones de pesos.

Aunque el Gobierno defiende el alza como un paso hacia la garantía de un “salario mínimo vital” y como una estrategia para dinamizar la demanda interna y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sectores empresariales, académicos y analistas económicos han encendido las alarmas, evocando el antecedente venezolano como advertencia.

El antecedente venezolano y las alertas macroeconómicas

El debate tomó fuerza luego de que analistas recordaran que, en 2011, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, decretó un aumento del salario mínimo del 30 %. Ese año, la inflación cerró en 27,6 %, superando el ajuste salarial. En los años siguientes, el fenómeno se agravó: la inflación superó el 20 % en 2012, escaló al 56 % en 2013 y desembocó, a partir de 2017, en un prolongado episodio de hiperinflación que erosionó por completo el poder adquisitivo y profundizó la crisis económica y social.

Para expertos colombianos, si bien los contextos de ambos países no son idénticos, el precedente sirve como advertencia sobre los riesgos de aumentos salariales que no estén respaldados por incrementos equivalentes en productividad.

“El problema no es el salario mínimo en sí, sino su desconexión con la productividad y con la capacidad real de las empresas, especialmente de las micro y pequeñas”, señala un economista laboral consultado, quien advierte que el impacto podría traducirse en mayor informalidad y destrucción de empleo formal.

Impacto en empleo e informalidad

Las preocupaciones se intensifican en un país donde la informalidad laboral supera el 55 %, según cifras del DANE, y donde el empleo asalariado que devenga ingresos iguales o superiores al salario mínimo ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años.

Analistas del mercado laboral coinciden en que un incremento de esta magnitud podría presionar los costos empresariales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, y generar efectos no deseados como despidos, congelación de nuevas contrataciones o traslado de trabajadores a esquemas informales.

Desde el sector empresarial se ha advertido, además, que el aumento podría trasladarse a los precios finales de bienes y servicios, alimentando presiones inflacionarias que terminarían neutralizando el beneficio real del mayor ingreso.

La defensa del Gobierno

El presidente Petro ha defendido la medida asegurando que un mayor salario mínimo fortalece la economía popular, impulsa el consumo interno y contribuye a reducir la desigualdad. Desde el Ejecutivo se insiste en que el impacto inflacionario será manejable y que la política salarial hace parte de un enfoque más amplio de justicia social.

No obstante, expertos señalan que el verdadero desafío será evitar que el aumento termine afectando precisamente a los sectores más vulnerables, ya sea por pérdida de empleo o por el encarecimiento del costo de vida.

Un debate abierto

El incremento del salario mínimo para 2026 deja planteada una discusión de fondo sobre el modelo económico y laboral del país. Mientras el Gobierno apuesta por una política salarial expansiva como herramienta de equidad, los críticos insisten en que sin reformas estructurales en productividad, formalización y competitividad, el riesgo de efectos adversos sigue latente.

Por ahora, la comparación con Venezuela divide opiniones, pero sirve como recordatorio de que las decisiones salariales, aunque socialmente necesarias, requieren un delicado equilibrio macroeconómico para evitar consecuencias de largo plazo.

Redacción Económica

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