Conflicto de intereses, minería ilegal y expropiación de tierras en Puerto Inírida: la red de poder que une a políticos de Guainía y Boyacá

Una investigación de EL HOME NOTICIAS revela una posible red de corrupción entre funcionarios públicos de Puerto Inírida (Guainía) y líderes políticos de Arcabuco (Boyacá), involucrados en procesos de expropiación de tierras y presunta minería ilegal. Las conexiones llegan hasta Arcabuco, e incluso permea a figuras nacionales relacionadas con el mayor escándalo de corrupción del actual Gobierno Nacional.

Redacción Investigativa

Domingo, 5 de octubre de 2025

En el centro de este caso se encuentra un predio rural en disputa, cuya posesión reclama el campesino Fernando González Hernández, con linaje indígena. Este terreno, ubicado en jurisdicción de Puerto Inírida (Guainía), ha sido objeto de un proceso legal promovido por el concejal de Arcabuco (Boyacá), Fabio Luiz Ruiz.

Ruiz interpuso una querella por perturbación a la posesión en julio de 2025. El proceso fue tramitado y resuelto en tiempo récord por la Personería de Inírida, a cargo de Yuber Fabián Torres Bustos, quien falló a favor de Ruiz, desconociendo la posesión de González Hernández. La defensa del campesino, liderada por el abogado Gregorio Esteban Toro Barrera (firma ToroLugo & Asociados S.A.S.), argumenta que el proceso fue admitido fuera de los plazos legales y que está viciado por evidentes conflictos de intereses.

“El inspector de Policía no vio —o no quiso ver— el entramado detrás del trámite en Inírida: la influencia del personero, los intereses del concejal de Arcabuco y el negocio de minería ilegal camuflado como una compraventa”, denunció el abogado Gregorio Esteban Toro.

El abogado Gregorio Esteban Toro Barrera destapó un entramado de corrupción, conflicto de intereses, minería ilegal y expropiación de tierras en Puerto Inírida, donde convergen intereses políticos de Guainía y Boyacá.

Conflicto de intereses: vínculos familiares y comerciales

EL HOME NOTICIAS accedió a documentos, imágenes y testimonios que confirman que el personero Torres Bustos fue cuñado del concejal Ruiz, lo que por sí solo lo obligaba legalmente a declararse impedido para actuar en el caso. No lo hizo.

Además, se ha documentado una relación comercial entre ambos, así como con otros actores políticos de Boyacá, particularmente de Arcabuco. Entre ellos, figuras políticas realizando visitas a minas en  Guainía a finales de 2024, pese a no tener jurisdicción en ese territorio.

Una red que se extiende: minería ilegal y poder local

Una fuente de alto nivel, cuya identidad se reserva por seguridad, reveló a EL HOME NOTICIAS que se ha escuchado por parte de líderes políticos de la región su intención de invertir en minería ilegal en Guainía . En esas conversaciones se habría mencionado a Yuber Fabián Torres Bustos como parte del entramado necesario para facilitar el acceso a la información de los predios en conflicto.

La familia Torres Bustos y los intereses en Arcabuco

La investigación también reveló que la familia del personero Torres Bustos mantiene vínculos contractuales con la administración de Arcabuco. Su hermano, Carlos Yesid Torres Bustos, figura como contratista en proyectos de infraestructura eléctrica, y se investiga si una familiar en primer grado  del personero es funcionaria de este despacho.

Estos lazos podrían explicar la facilidad con la que se estarían consolidando intereses políticos y económicos comunes entre actores de Boyacá y Guainía, bajo el paraguas de la minería ilegal y la apropiación de tierras.

Silencio institucional y avance de la minería ilegal

Puerto Inírida ha sido señalado por la Procuraduría General de la Nación como uno de los territorios más afectados por la minería ilegal en la Amazonía. El organismo reporta que más del 90% de la explotación minera en Colombia proviene de prácticas artesanales o sin licencia, lo que incluye redes estructuradas con nexos políticos.

Testigos locales afirman que los responsables de estas actividades están sembrando el terror en la región, utilizando la influencia política para desalojar a los legítimos ocupantes de tierras y consolidar sus operaciones extractivas.

“Llegan con abogados, escoltas y papeles listos. Uno no puede hacer nada. Después dicen que la justicia ya falló en su contra”, señaló un campesino afectado que pidió reserva de su identidad.

¿Un nuevo escándalo nacional?

El abogado Gregorio Toro Barrera ha presentado denuncias formales por manipulación de la justicia y conflicto de intereses, señalando específicamente al personero Torres Bustos, al concejal Fabio Luiz Ruiz y al abogado de la Defensoría del Pueblo, Jairo Ricardo Barrera Nossa, quien también habría intervenido en el proceso.

Conclusión:

Esta investigación demuestra que el caso de un terreno en disputa en Puerto Inírida no es un hecho aislado, sino el posible eslabón inicial de una estructura organizada de poder que busca apropiarse de tierras para facilitar el avance de la minería ilegal en territorios estratégicos de la Amazonía colombiana.

Los nombres involucrados, las evidencias obtenidas y las conexiones políticas que se revelan ameritan una actuación urgente de los entes de control, antes de que la red se consolide aún más y el daño al territorio y a las comunidades sea irreversible.

Redacción Investigativa

Sigue nuestras publicaciones en el Twitter @elhomenoticias

en nuestro canal de Youtube EL HOME NOTICIAS

también en Instagram @elhomenoticias