Epa Colombia deja El Buen Pastor y cumplirá condena en la Estación de Carabineros de la Policía

La decisión, avalada por el Ministerio de Justicia y respaldada con llamados directos del presidente Gustavo Petro, reaviva el debate sobre privilegios carcelarios y el alcance político de la justicia en Colombia.

Redacción Judicial

Miércoles, 20 de agosto de 2025

La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, ya no cumplirá su condena en la cárcel El Buen Pastor. En la mañana del miércoles 20 de agosto fue trasladada a la Estación de Carabineros de la Policía, ubicada cerca del Parque Nacional en Bogotá, donde continuará pagando la pena de cinco años y tres meses de prisión que le fue impuesta por instigación al terrorismo, tras los disturbios cometidos contra una estación de Transmilenio durante el estallido social de 2021.

El abogado Francisco Bernate, defensor de la empresaria, confirmó que el cambio se produjo después de meses de conversaciones con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el secretario jurídico de Presidencia. A ello se sumaron reiterados llamados del presidente Gustavo Petro, quien insistió en la necesidad de que Barrera abandonara la cárcel de mujeres. Finalmente, el traslado recibió el aval del INPEC y de los ministerios de Justicia y Defensa.

La nueva condición de reclusión representa un giro sustancial en el cumplimiento de la condena: Epa Colombia pasa de estar bajo la custodia penitenciaria a permanecer en una guarnición policial, un escenario con mayores condiciones de seguridad y aislamiento.

El movimiento jurídico también estuvo respaldado por la gestión del abogado internacional Víctor Mosquera, quien en junio radicó ante el Gobierno una solicitud a nombre de Barrera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ella pidió medidas especiales de protección, alegando que su clienta enfrentaba riesgos por su exposición mediática y tensiones con otras internas en El Buen Pastor.

Según Bernate, la empresaria vivía un ambiente hostil dentro del penal, con constantes roces tanto con internas como con la guardia, lo que ponía en riesgo su seguridad e integridad. “Ella no estaba bien allí”, aseguró. La defensa insiste en que el traslado no constituye un privilegio, sino una medida de protección excepcional frente a la notoriedad pública de la condenada.

El caso, sin embargo, genera debate: mientras para algunos el cambio confirma que la justicia colombiana responde a gestiones políticas y favoritismos, para otros se trata de un ejemplo de cómo deben aplicarse protocolos diferenciados de seguridad en figuras expuestas públicamente.

Lo cierto es que, con esta decisión, Epa Colombia seguirá privada de la libertad, pero en condiciones muy distintas a las de una cárcel común, en medio de un proceso que sigue bajo la lupa de la opinión pública y que reabre la discusión sobre los alcances de la justicia y la igualdad ante la ley en Colombia.

Redacción Judicial

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