‘El decretazo’:

La manera como Gustavo Petro desafía al Congreso con consulta popular: ¿Una herramienta democrática o un riesgo institucional?

El decreto presidencial que convoca una consulta popular ha desatado una tormenta política y jurídica. Mientras el Gobierno la presenta como un ejercicio democrático, sectores académicos e institucionales cuestionan su legalidad y alertan sobre los riesgos que implica para la estabilidad constitucional.

POLÍTICA

Jueves, 12 de junio de 2025

La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular mediante decreto ha generado un intenso debate sobre la legitimidad y las implicaciones constitucionales de su acción. Mientras el Gobierno argumenta que se trata de una respuesta legítima a la “obstrucción sistemática” del Congreso, expertos y opositores alertan sobre un posible quiebre del orden institucional.

¿Qué contempla el decreto?

El decreto presidencial convoca al pueblo colombiano a las urnas el próximo 7 de agosto, para decidir sobre aspectos clave de las reformas laboral y a la salud. Las preguntas incluirían temas como el recargo nocturno, el fortalecimiento del sistema público de salud y el régimen de contratación laboral.

Petro justificó la medida alegando que “el Congreso ha bloqueado deliberadamente los cambios que el pueblo exige” y afirmó que el mandato democrático le otorga la facultad de consultar directamente a los ciudadanos cuando se impide el avance de las reformas.

Las advertencias jurídicas

Diversos constitucionalistas consideran que el presidente ha excedido sus competencias.

Laura Serrano, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, indicó que “la consulta popular no puede utilizarse para sustituir el procedimiento legislativo regular, ni para imponer reformas que ya fueron rechazadas por el Congreso”.

Por su parte, el exmagistrado José Gregorio Hernández advirtió que el decreto “es abiertamente inconstitucional” y que podría ser anulado por la Corte Constitucional si se admite una demanda de inconstitucionalidad.

Reacción política y social ante decisión de ordenar ‘el decretazo’

La oposición ha calificado el decreto como una “estrategia autoritaria” y prepara una ofensiva legal en el Congreso y ante los organismos de control.

En contraste, sectores afines al Gobierno, como algunos sindicatos y movimientos sociales, han celebrado la medida y la consideran un acto de “soberanía popular”.

El senador David Luna, de Cambio Radical, afirmó que “Petro está jugando con fuego institucional”, mientras que la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, defendió la decisión como “una respuesta legítima a la parálisis legislativa”.

¿Qué pasará en los próximos días?

La Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral deberán pronunciarse sobre la legalidad y viabilidad de la convocatoria. De ser admitida, la consulta marcaría un precedente sin antecedentes en la historia reciente del país.

Redacción Política

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