La decisión del presidente Gustavo Petro de trasladar a más de dos millones de afiliados a Nueva EPS, una entidad intervenida y en profunda crisis financiera, se produce en medio de denuncias por fallas graves en la atención: una mujer adulta mayor falleció mientras esperaba la entrega de medicamentos y un niño murió sin recibir a tiempo el tratamiento para la hemofilia.
<h1><span style="color: #000000;"><strong>Petro estatiza la crisis: el Gobierno convierte a la Nueva EPS en pública y asume una deuda multimillonaria en medio del colapso sanitario</strong></span></h1>
<h3><strong>El presidente Gustavo Petro ordenó que la Nueva EPS pase a ser una entidad pública y que el Estado asuma sus crecientes deudas, pese a su frágil situación financiera, la falta de estados contables recientes y miles de tutelas sin respuesta. La decisión reabre el debate internacional sobre el modelo de estatización de la salud y el riesgo fiscal para Colombia.</strong></h3>
<h4><span style="color: #000000;"><strong>Redacción Política</strong></span></h4>
<h6><strong><u>Viernes, 27 de febrero de 2026</u></strong></h6>
<h4>En medio de una creciente crisis del sistema de salud y de severas denuncias por desabastecimiento de medicamentos, demoras en la atención y congestión hospitalaria, el Gobierno colombiano dio un nuevo paso en su estrategia de reforma vía decreto. El ministro de Salud, <strong>Guillermo Alfonso Jaramillo</strong>, reveló que el presidente Gustavo Petro ordenó que la <strong>Nueva EPS</strong> se convierta formalmente en una entidad pública y que el Ministerio de Hacienda busque recursos para cubrir sus deudas acumuladas.</h4>
<h4>El anuncio fue realizado durante un acto político en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde Jaramillo aseguró que el Estado asumirá la responsabilidad financiera de la aseguradora, priorizando el pago de obligaciones con hospitales públicos. Según el ministro, la decisión responde a la necesidad de “acabar con el negocio de la salud en Colombia”, una consigna reiterada por el Ejecutivo desde el inicio del mandato.</h4>
<h4>Sin embargo, la medida ha generado fuertes cuestionamientos dentro y fuera del país. La Nueva EPS, intervenida por el Gobierno, no presenta estados financieros auditados desde 2023, ha multiplicado su deuda de 6 a 24 billones de pesos en menos de dos años, acumula más de 120.000 tutelas sin respuesta y ha tenido cinco interventores en apenas 21 meses. Aun así, un reciente decreto del Ministerio de Salud le permitirá absorber cerca de 2,6 millones de nuevos afiliados.</h4>
<h4>Para analistas del sector y observadores internacionales, la decisión representa un riesgo fiscal significativo y una apuesta incierta por la estatización de un sistema ya tensionado. El propio presidente Petro ha rechazado que exista un “caos de la salud” y ha responsabilizado directamente a las EPS, al tiempo que insiste en que la Ley 100 de 1993 convirtió un derecho fundamental en una mercancía.</h4>
<h4>La controversia se intensificó tras conocerse que el nuevo marco regulatorio permitiría redistribuir usuarios según criterios territoriales y poblacionales, lo que podría obligar al traslado masivo de afiliados desde aseguradoras privadas hacia la Nueva EPS. El congresista <strong>Andrés Forero</strong> advirtió que esta medida forzaría la llegada de millones de usuarios provenientes de entidades como Sura y Sanitas, profundizando la presión sobre una EPS ya colapsada.</h4>
<h4><strong>Mientras el Gobierno defiende la estatización como una solución estructural, sectores médicos, gremiales y políticos alertan que Colombia podría estar trasladando el peso de una crisis administrativa y financiera directamente al Estado, con consecuencias aún impredecibles para los pacientes, las finanzas públicas y la estabilidad del sistema de salud.</strong></h4>
<h4><strong>Redacción Política</strong></h4>
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