La Nueva EPS, la mayor aseguradora de salud de Colombia, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, justo cuando el Estado asumió directamente su manejo tras la intervención ordenada en abril de 2024.
<h1><span style="color: #000000;"><strong>Intervención estatal y colapso asistencial: la Nueva EPS se hunde bajo control del Gobierno colombiano</strong></span></h1>
<h3><strong>Desde que el Gobierno asumió el control de la Nueva EPS en abril de 2024, la situación de la mayor aseguradora del país se ha deteriorado de forma acelerada. Las quejas de los usuarios crecieron 107 % en un año, las tutelas se cuentan por cientos de miles y miles de reclamos permanecen sin siquiera ser abiertos. Doce millones de afiliados enfrentan fallas sistemáticas en el acceso a medicamentos y tratamientos vitales, mientras el Estado concentra la gestión y la responsabilidad política.</strong></h3>
<h4><span style="color: #000000;"><strong>Redacción Política</strong></span></h4>
<h6><strong><u>Martes, 10 de febrero de 2026</u></strong></h6>
<h4>La <strong>Nueva EPS</strong>, la mayor aseguradora de salud de Colombia, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia, justo cuando el <strong>Estado asumió directamente su manejo</strong> tras la intervención ordenada en abril de 2024. Lejos de estabilizar el servicio, la medida ha coincidido con un <strong>deterioro acelerado en la atención</strong>, que hoy afecta a cerca de <strong>12 millones de afiliados</strong> y plantea serios interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para administrar el sistema de salud que pretende reformar.</h4>
<h4>Desde la intervención, la <strong>Superintendencia Nacional de Salud</strong> se convirtió en el actor central de la gestión de la EPS. Sin embargo, los indicadores oficiales revelan un panorama alarmante. Entre 2024 y 2025, las <strong>quejas de los usuarios ante la Defensoría del Pueblo aumentaron un 107 %</strong>, una cifra que refleja no solo inconformidad, sino <strong>fallas estructurales en la garantía del derecho fundamental a la salud</strong>.</h4>
<h4>Solo en 2025, los afiliados de la Nueva EPS presentaron <strong>14.603 quejas formales</strong>, más del doble de las registradas el año anterior. Los reclamos se concentran en dos problemas críticos: la <strong>no entrega o retraso injustificado de medicamentos</strong> y la <strong>suspensión o negación de tratamientos y procedimientos vitales</strong>. Entre los pacientes afectados se encuentran personas con <strong>cáncer, VIH, diabetes, hipertensión, enfermedades huérfanas</strong> y otras patologías de alto riesgo.</h4>
<h4>El colapso no se limita a la atención ordinaria. Según alertó la defensora del Pueblo, <strong>Iris Marín</strong>, durante 2025 se interpusieron <strong>518.196 acciones de tutela contra la Nueva EPS</strong>, un volumen sin precedentes que desborda cualquier estándar de gestión. Aún más grave: <strong>más de 120.000 de esas tutelas permanecen sin abrir</strong>, acumuladas en correos electrónicos institucionales, sin que nadie las haya leído o tramitado.</h4>
<h4>Este dato no solo evidencia negligencia administrativa, sino una <strong>ruptura total del canal de protección judicial</strong> al que recurren los ciudadanos cuando el sistema de salud les falla. En la práctica, miles de pacientes quedaron atrapados en un limbo burocrático, sin respuesta médica ni judicial, mientras su estado de salud se deteriora.</h4>
<h4>Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo activó la estrategia <strong>“Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud” (DIPSA)</strong>, cuyo punto de partida fue una mesa nacional con directivos de la Nueva EPS en Bogotá. La iniciativa busca articular respuestas urgentes entre entidades del Estado, pero también confirma que la crisis ya no es episódica, sino <strong>sistémica</strong>.</h4>
<h4>Los hallazgos que sustentan los DIPSA provienen de informes defensoriales y del monitoreo permanente a través de <strong>Puestos de Mando Unificado en salud</strong>, instalados en distintas regiones del país. Este seguimiento ha permitido identificar <strong>patrones reiterados de vulneración</strong>, especialmente en el acceso a medicamentos, una de las principales causas de quejas entre 2022 y 2025, periodo en el que la Defensoría recibió cerca de <strong>107.000 reclamos</strong> por violaciones al derecho a la salud.</h4>
<h4>La situación de la Nueva EPS se convierte así en un <strong>caso emblemático</strong> del debate nacional sobre la reforma al sistema de salud. Con el Estado ya en control de la mayor EPS del país, los datos cuestionan el argumento oficial de que una mayor centralización garantiza eficiencia y acceso. Por el contrario, la intervención ha dejado a millones de usuarios expuestos a un sistema <strong>más lento, más opaco y menos resolutivo</strong>.</h4>
<h4>Mientras el Gobierno defiende su modelo, la realidad que viven los pacientes sugiere que la Nueva EPS <strong>no solo sigue agonizando</strong>, sino que se ha transformado en el reflejo más crudo de una política pública que asumió el control sin demostrar, hasta ahora, capacidad de respuesta.</h4>
<h4><strong>Redacción Política</strong></h4>
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