Gobierno Petro ordena suspender capturas de 23 capos en Medellín: polémica concesión en plena campaña electoral

Una resolución de la Fiscalía, a solicitud del Gobierno Nacional, dejó sin efecto las órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales del Valle de Aburrá. La medida, enmarcada en la llamada ‘paz total’ y con vigencia inicial de seis meses, desata fuertes críticas por su oportunidad política y por beneficiar a jefes del crimen organizado.

Redacción Judicial

Martes, 31 de marzo de 2026

En una decisión que sacude el panorama político y de seguridad del país, la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura contra 23 de los principales cabecillas de bandas criminales en Medellín, en cumplimiento de una solicitud directa del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La medida quedó consignada en la Resolución N° 00072 del 27 de marzo de 2026 y cobija a los voceros de las estructuras ilegales que participan en la denominada mesa de ‘paz total’, instalada en la cárcel de Itagüí. Según el documento, la suspensión tendrá una vigencia inicial de seis meses, prorrogables de acuerdo con los avances en las negociaciones.

El argumento oficial apunta a respaldar los resultados del llamado Espacio de Conversación Sociojurídico, que desde 2023 busca la desarticulación de organizaciones criminales, la transformación de economías ilícitas y la reducción de la violencia urbana. Sin embargo, la decisión ha sido interpretada por distintos sectores como una concesión directa a las cúpulas del crimen organizado.

Entre los beneficiados figuran nombres ampliamente conocidos en el mundo delincuencial del Valle de Aburrá, como alias “Douglas”, “Tom”, “Carlos Pesebre” y “El Indio”, entre otros. Varios de ellos han sido históricamente señalados como articuladores de redes de narcotráfico, extorsión y control territorial en Medellín y su área metropolitana.

El alcance de la medida no solo incluye a quienes permanecen privados de la libertad, sino también a siete cabecillas que ya habían recuperado su libertad en los últimos años en el marco de acercamientos con el Gobierno. Algunos de estos, según reportes conocidos, incluso han salido del país sin que exista claridad pública sobre su rol concreto dentro del proceso de paz urbana.

El momento en que se adopta la decisión añade un componente adicional de controversia. La suspensión de las órdenes de captura se produce en plena campaña presidencial, lo que ha despertado cuestionamientos sobre si se trata de una estrategia política para mostrar resultados en materia de paz, o incluso para influir en dinámicas electorales en territorios históricamente afectados por estas estructuras.

Críticos de la medida advierten que, más allá del discurso oficial, lo que se configura es un precedente riesgoso: el levantamiento temporal de la presión judicial sobre figuras clave del crimen organizado, sin que exista aún una verificación clara de compromisos reales de desmantelamiento de sus estructuras.

Desde el Gobierno se insiste en que este tipo de decisiones son necesarias para avanzar en negociaciones complejas con actores armados y redes criminales, bajo la premisa de que la paz urbana requiere incentivos jurídicos. No obstante, la falta de transparencia en los resultados concretos del proceso y la ausencia de indicadores verificables alimentan la desconfianza.

El país asiste así a un nuevo capítulo de la “paz total”, en el que la línea entre negociación y concesión se vuelve cada vez más difusa, mientras crecen las dudas sobre si estas medidas debilitan o fortalecen la lucha contra el crimen organizado en Colombia.

Redacción Judicial

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