La salud mental del poder: entre la realidad y el riesgo de un país en tensión

Las decisiones del presidente Gustavo Petro —desde su llamado a la desobediencia militar hasta la insistencia en una Constituyente— plantean serias dudas sobre la estabilidad institucional del país y la serenidad de su liderazgo. ¿Podría Colombia enfrentar una crisis constitucional sin precedentes?

Opinión

Miércoles, 29 de octubre de 2025

Por: Daniel Santos Carrillo,

Abogado Magíster en Derecho Penal y Administrativista, veterano de la Policía Nacional

Un presidente que incita a los soldados estadounidenses a desobedecer a su propio comandante en jefe, Donald Trump; que niega la existencia del Cartel de los Soles —organización reconocida por diversos organismos internacionales como parte de una red criminal transnacional—; y que ahora insiste en convocar una Asamblea Nacional Constituyente sin el respaldo constitucional requerido, deja abierta una pregunta inevitable: ¿goza el mandatario de la estabilidad emocional y el juicio político que exige la dignidad del cargo?

La inquietud no es menor. El presidente Gustavo Petro, mientras promueve su idea de una Constituyente, fue incluido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en la conocida “Lista Clinton”. 

EL HOME NOTICIAS ha explicado ya las consecuencias de esa sanción: congelación de activos, restricciones diplomáticas y aislamiento financiero. Más allá del impacto personal, la medida repercute directamente sobre la gobernabilidad del país.

No es la primera vez que las decisiones del mandatario han generado consecuencias internacionales. La pérdida de su visa estadounidense, tras sus polémicas declaraciones sobre los militares de ese país, y la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia ante las acciones constitucionales promovidas por veteranos de la Fuerza Pública, demuestran un preocupante vacío institucional frente a sus “imprudencias”, como las han calificado algunos juristas.

Petro insiste en su idea de una “Constituyente”, pero la Constitución es clara: solo existen tres vías para modificarla —acto legislativo, Asamblea Constituyente o referendo—, según el artículo 374 y la sentencia C-180 de 1994. Lo que se presenta hoy parece más un distractor político que un proyecto de país, quizá para preparar el terreno a un eventual estado de conmoción interior en 2026, cuando se desarrollen las próximas elecciones.

Si algo nos enseña la historia, es que los estados de excepción deben responder a amenazas reales y graves al orden público, no a crisis políticas o a la pérdida de popularidad del gobernante. Sin embargo, no sería extraño que el Ejecutivo, en medio de la tensión, recurra a mecanismos extraordinarios que alteren la normalidad democrática.

Los artículos 212, 213 y 215 de la Carta Magna regulan con precisión los estados de guerra, conmoción interior y emergencia. Todos implican límites estrictos y controles constitucionales. Aun así, los recientes “decretazos” del Gobierno —algunos suspendidos por las Cortes— dejan abierta la preocupación de que el poder se ejerza sin mesura y al margen del consenso nacional.

Colombia, patria nuestra, necesita más que discursos: requiere cordura, respeto institucional y unidad. El país no puede depender del ánimo o del temperamento de quien lo dirige. La esperanza, sin embargo, no está perdida. 

Como reza nuestra oración patria: “Colombia, patria mía, te llevo con amor en mi corazón; creo en tu destino y espero verte siempre grande, respetada y libre”.

Que en 2026 encontremos, por fin, un capitán o una capitana capaz de llevarnos a buen puerto, lejos de la tormenta política que hoy amenaza con hundirnos. “La esperanza es lo último que muere”; aferrémonos al refrán y al final del credo patrio citado: “…la de llevar con honor el título de colombiano y, llegado el caso, ¡Morir por defenderte!”

Columnista invitado por el HOME NOTICIAS

Daniel Santos Carrillo

Abogado penalista, constitucionalista y administrativista

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