‘El dinero de las cámaras no se ha perdido’:

Estos son los documentos que sustentan la defensa del contrato en la lupa de la Procuraduría en Bogotá

Mientras la Procuraduría General de la Nación investiga presuntas fallas en la planeación del contrato SCJ-1904-2023 por más de $14.300 millones, un conjunto de soportes técnicos y testimonios conocidos por EL HOME NOTICIAS sostienen que no existe detrimento patrimonial: los equipos están bajo custodia oficial, el proyecto cuenta con aval institucional y los retrasos obedecen a obras de infraestructura en la ciudad.

Redacción Investigativa

Martes, 17 de marzo de 2026 

En el centro de una controversia que sobrevino tras el anuncio de un proceso disciplinario, relacionado con el contrato para la instalación de cámaras de videovigilancia con tecnología LPR en Bogotá, se analiza que ésta se debate entre dos narrativas: la de posibles irregularidades en su planeación y la de una defensa técnica que insiste en que no se ha perdido un solo peso de los recursos públicos.

El pasado 16 de marzo de 2026, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación preliminar contra varios servidores y exservidores de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, por presuntas fallas en la estructuración del contrato SCJ-1904-2023. Entre los llamados a dar explicaciones están Óscar Antonio Gómez Heredia, César Andrés Restrepo Flórez, Diana Carolina Zárate Pérez, Helga Milena Hernández Reyes, Ada Luz Sandoval Herazo, Iván Hersayn Pinilla Herrera, Sandra Milena Santafé Patiño y Jairo Alonso Bohórquez Blanco.

Según el Ministerio Público, existirían deficiencias en aspectos clave como la definición de puntos de instalación, la disponibilidad de energía, la gestión de permisos y los tiempos de ejecución del proyecto. Sin embargo, documentos técnicos y versiones recogidas por este medio ofrecen una lectura distinta de los hechos.

Existe el aval técnico: los soportes que estructuran la defensa

Lejos de una improvisación, el contrato estuvo respaldado por una cadena de conceptos técnicos emitidos por entidades que son clave para su ejecución.

La Policía Metropolitana de Bogotá certificó la viabilidad del sistema de analítica de video para seguridad ciudadana, validando su integración con los sistemas existentes y su utilidad para fortalecer la reacción frente a delitos de alto impacto.

En paralelo, la empresa Enel Colombia confirmó la posibilidad de suministrar energía en los puntos proyectados, condicionada al cumplimiento de requisitos técnicos y normativos habituales en este tipo de intervenciones urbanas.

A su turno, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) realizó estudios de conectividad que arrojaron viabilidad total en los puntos definidos. Incluso en zonas inicialmente complejas, se plantearon soluciones mediante radioenlace, lo que garantizaba cobertura tecnológica para el sistema.

El componente de infraestructura fue evaluado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), que no presentó objeción a la instalación de las cámaras, siempre que se respetaran condiciones técnicas orientadas a proteger la integridad de puentes y estructuras viales.

En conjunto, estos documentos constituyen hoy uno de los pilares de la defensa: el proyecto sí contaba con soporte técnico previo a su contratación.

Estos son una parte de los documentos con los que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia sustenta la solidez técnica y administrativa del contrato para la compra e instalación de 200 cámaras con inteligencia artificial en Bogotá.

Una ejecución parcial, pero sin pérdida de recursos

De acuerdo con una fuente cercana al proceso contractual, consultada por EL HOME NOTICIAS, la controversia ha sobredimensionado los retrasos sin considerar el estado real del contrato.

“El dinero no se ha perdido. Las cámaras están en poder de la Secretaría”, aseguró el testigo, quien participó en la estructuración del proyecto.

El contrato de mayor valor y alcance contemplaba tres componentes principales:

200 cámaras multisensor, que ya fueron instaladas en su totalidad.

Sistemas de analítica forense, actualmente en operación.

200 cámaras LPR, de las cuales 80 han sido instaladas.

El retraso en este último componente, considerado el más sensible, no obedecería —según la fuente— a fallas contractuales, sino a factores externos asociados a obras de infraestructura en la ciudad.

Las gigantes obras de infraestructura: el cuello de botella

Proyectos en curso en Bogotá, como troncales de TransMilenio y obras relacionadas con el Metro, han impedido la instalación definitiva de parte de las cámaras en los puntos inicialmente definidos.

Estas intervenciones obligaron a suspender parcialmente el despliegue del sistema LPR, a la espera de condiciones físicas adecuadas para su instalación. En ese sentido, la discusión ya no se centra únicamente en la planeación, sino en la coordinación interinstitucional y la dinámica propia de una ciudad en obra.

Equipos bajo custodia: el punto clave de la defensa

Uno de los aspectos más sensibles del caso —y que podría ser determinante en el curso de la investigación— es el destino de los equipos no instalados.

Según la información recopilada:

• 120 cámaras LPR no instaladas permanecen bajo custodia oficial

• Los equipos no están extraviados ni comprometidos

• Su instalación está prevista una vez finalicen las primeras obras urbanas

Este elemento resulta central, pues apunta a la inexistencia de un detrimento patrimonial directo, uno de los principales ejes de análisis en investigaciones disciplinarias de este tipo.

Más allá de la controversia, el contrato respondía a una necesidad concreta: dotar a la ciudad de herramientas para reaccionar con mayor rapidez ante delitos como el hurto y el robo de vehículos.

Para 2023, ciudades como Medellín ya contaban con cerca de 400 cámaras LPR en funcionamiento, mientras Bogotá no tenía ninguna. Esta brecha tecnológica limitaba la capacidad de identificación en tiempo real de vehículos vinculados a actividades criminales.

¿Ahora qué viene?

La investigación de la Procuraduría General de la Nación apenas comienza. En adelante, el foco estará en determinar si las presuntas fallas de planeación configuran una falta disciplinaria o si, como sostiene la defensa, se trata de un proyecto técnicamente estructurado cuya ejecución se ha visto afectada por variables externas.

Por ahora, los documentos y testimonios conocidos introducen un elemento importante en el reciente anuncio del Ministerio Público: más allá de los retrasos, no hay evidencia de que el dinero de las cámaras se haya perdido.

Redacción Investigativa

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