‘Una red que no se rompe’: la corrupción enquistada en la salud de la Policía Nacional

Por años, la Regional de Aseguramiento en Salud No. 8 ha sido el centro de denuncias por corrupción, negligencia y malos manejos de recursos. La suspensión de tratamientos vitales, contrataciones fraudulentas y omisiones deliberadas siguen deteriorando la atención de más de 91.000 usuarios. Ni los altos mandos ni los entes de control han respondido con contundencia.

Unidad de Justicia

Jueves, 24 de julio del 2025

Una bomba de tiempo sigue latente en la Costa Atlántica, donde el subsistema de salud de la Policía Nacional atraviesa uno de sus peores momentos. Lo que debería ser una red de atención para más de 91.000 usuarios —entre policías activos, veteranos y sus familias— se ha convertido en un campo minado por intereses burocráticos, corrupción sostenida y omisiones de alto nivel.

Al centro del escándalo está la Regional de Aseguramiento en Salud No. 8, con sede en la Clínica Regional Caribe de la Policía, señalada de haber permitido por años una trama de contrataciones dudosas, negligencias médicas, intimidaciones a usuarios y hasta la vinculación de falsos profesionales de la salud. Todo esto, en un esquema que ha sobrevivido administraciones, directores y promesas de reformas que nunca llegan.

El nuevo director de Sanidad de la Policía Nacional, coronel Juan Pablo Blanco Sierra, recibe un panorama desolador. Su antecesor, el coronel Carlos Alirio Fuentes Durán, fue enviado al extranjero, y el hasta ahora jefe de la regional, teniente coronel Manuel Felipe Lizarazo Rojas, pidió vacaciones tras anunciar su retiro voluntario, en medio de múltiples denuncias y hallazgos administrativos que lo comprometen y lo pusieron en riesgo de salir por la puerta trasera.

Un ciclo de impunidad

El historial de irregularidades es extenso. A Lizarazo Rojas se le acusa de suspender terapias vitales como el Análisis Conductual Aplicado (ABA) para niños con autismo, desmantelar contratos esenciales y permitir el regreso de personal previamente investigado por corrupción. Su llegada fue promovida por el exdirector de la Policía, general William René Salamanca, con el supuesto propósito de sanear la institución. Pero lejos de erradicar las redes de corrupción, se habría acomodado a ellas, siendo permisivo.

Lo paradójico es que su predecesora, la teniente coronel Danis Mercado Ruiz, sí denunció. En un informe remitido al propio general Salamanca, reveló irregularidades alarmantes: desde robo sistemático de medicamentos y pañales, contratación de médicos sin título —como el caso de María Zapata Gómez, vinculada desde 2020 sin formación médica— hasta la existencia de personal administrativo contratado por vínculos familiares, incluidos esposas de oficiales.

Mercado Ruiz fue apartada del cargo bajo el llamado a calificar servicio. Su error fue no guardar silencio.

Silencio institucional y entes ausentes

La impunidad ha sido garantizada por una inusual tolerancia de la Dirección de la Policía Nacional, pero también por el mutismo de entes de control como la Superintendencia de Salud, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación.

Pese a múltiples denuncias, no se conocen resultados claros:

• ¿Cuántas investigaciones disciplinarias han prosperado?

• ¿Hay funcionarios sancionados o privados de libertad?

• ¿Se han esclarecido los contratos irregulares o las amenazas contra usuarios y trabajadores?

La respuesta institucional ha sido una constante omisión. EL HOME NOTICIAS ha documentado múltiples plantones y protestas en sedes médicas de Santa Marta, Cartagena y Soledad, sin que haya cambios sustanciales.

Este es el momento en el que el abogado Daniel Santos Carrillo expone ante la llamada ‘Mesa de dialogo de la Salud’ en la Policía plantea el caótico momento por el que atraviesa la atención de la salud en la Policía Nacional.

Una nueva administración, viejos desafíos

Con la inminente designación de la mayor Yaneth Rocío Jerez Castellanos como nueva jefa de la Regional No. 8, se abre otro capítulo de expectativa e incertidumbre. A su llegada, la antecede una revisión de la Inspectora General de la Policía Nacional, brigadier general Olga Patricia Salazar, cuyos hallazgos motivaron finalmente la salida de Lizarazo.

Sin embargo, las redes de corrupción no se desmontan con simples relevos. Como lo han expresado veedores ciudadanos y usuarios en múltiples escenarios, el sistema requiere una intervención profunda: talento humano competente, presupuestos planificados y un control externo que hoy brilla por su ausencia.

Se espera que el próximo 29 y 30 de julio, durante una Mesa Técnica de Salud de la Policía Nacional y Fuerzas Militares en Bogotá, estos temas sean abordados. Allí participarán representantes del Consejo Superior de Salud, veedurías nacionales y usuarios organizados, como el abogado Daniel Santos Carrillo, el veterano Armando Torres Gutiérrez, y otros líderes ciudadanos.

¿Reforma o maquillaje?

Queda en manos del nuevo director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana Beltrán, decidir si este será un nuevo intento por maquillar la crisis o si de verdad se enfrentará el enquistamiento de mafias internas. El legado que dejó el general Salamanca no solo es estructural, sino ético: una institución que persigue la corrupción fuera de sus muros, pero la tolera dentro de ellos.

Mientras tanto, la frase que más se escucha entre usuarios y familiares de pacientes es la misma que responde a cada solicitud: “No hay contrato”.

Redacción de Justicia

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