Filtraciones, audios y documentos reservados vuelven a poner en el centro de la polémica a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y a la Policía Nacional: mientras el Gobierno ordena investigar cómo llegaron las grabaciones a los medios de comunicación, crecen las dudas sobre una red interna de fugas de información que estaría debilitando procesos clave contra estructuras por fuera de la ley.
<h1><span style="color: #000000;"><strong>Petro ordena investigar filtraciones en la DNI: </strong><strong>audios, retaliaciones y una guerra interna que de paso salpica a la Policía</strong></span></h1>
<h3><strong>La Casa de Nariño ordenó una investigación interna tras la filtración de audios sobre reuniones entre el entonces director de la DNI y el abogado de Diego Marín. En medio del escándalo, se conocen tensiones dentro de los organismos de inteligencia, señalamientos cruzados, un mayor retirado en el centro del nuevo escándalo y dudas sobre la solidez de procesos contra las redes de contrabando.</strong></h3>
<h4><strong>Redacción Investigativa</strong></h4>
<h5><strong><u>Lunes, 6 de abril de 2026</u></strong></h5>
<h4>Una nueva tormenta sacude a los organismos de inteligencia del Estado. El presidente Gustavo Petro ordenó una investigación interna urgente en la <strong>Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)</strong> para establecer quién filtró a la prensa las grabaciones de una reunión entre el entonces director de esa entidad, Jorge Lemus, y el abogado de Diego Marín, Luis Felipe Ramírez.</h4>
<h4>Una fuente de la Casa de Nariño confirmó a <strong>EL HOME NOTICIAS</strong> que la instrucción fue clara: identificar al responsable de la fuga de información que terminó en manos de medios como <strong>revista Cambio y Caracol Televisión,</strong> y que hoy tiene en el ojo del huracán a la inteligencia estatal.</h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Los audios que desataron la crisis</strong></h4>
<h4>El detonante fue la divulgación de una grabación en la que Lemus sostiene una conversación con el abogado de Marín de hace más de un año. La Presidencia reconoció oficialmente que dicho encuentro sí ocurrió y que, incluso, se trató de un “contacto de inteligencia” con un objetivo específico: facilitar el regreso de Marín a Colombia.</h4>
<h4>“El contacto se permitió para traer a Marín al país y ese fue el único propósito”, señaló el Gobierno en un comunicado.</h4>
<h4>Sin embargo, más allá del contenido del encuentro, lo que encendió las alarmas fue la filtración de los audios, algo que se ha vuelto recurrente. En reuniones internas, el propio presidente Petro no solo abordó el tema del acercamiento, sino que centró su preocupación en el origen de las filtraciones.</h4>
<h4>Según una fuente cercana a los intercambios de opiniones, no se descarta ninguna hipótesis, incluida una particularmente sensible: que el propio <strong>Jorge Lemus</strong> hubiera entregado las grabaciones a un medio de comunicación como una posible retaliación tras su salida de la DNI. Todo esto está siendo verificado.</h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Filtraciones: un problema recurrente en la inteligencia</strong></h4>
<h4>El caso no sería aislado. De acuerdo con fuentes de Presidencia, las filtraciones desde la DNI se vienen repitiendo, debilitando investigaciones sensibles y generando una creciente desconfianza interna.</h4>
<h4>En ese contexto, salieron a relucir otros episodios recientes en los que interceptaciones telefónicas terminaron en medios de comunicación. Uno de ellos involucra al <strong>capitán Faudel Luis Salazar Piñeros</strong>, uno de los recientes capturados por la Fiscalía, quien en una llamada —divulgada públicamente— mencionó a altos mandos de la Policía, entre ellos (de manera indirecta) al exdirector de la institución, general William René Salamanca, y al exdirector de la POLFA, general Heiner Giovanni Puentes.</h4>
<h4>En esa conversación, Salazar aseguraba tener información sobre presuntos casos de corrupción relacionados con dinero proveniente del contrabando, lo que amplió el alcance del escándalo. No hace precisiones, pero se refiere a sus jefes dentro del mando institucional en Bogotá.</h4>
<h4>En medio de este entramado aparece un nombre que comienza a repetirse: el del <strong>mayor retirado César Augusto Ortiz Ortiz</strong>, quien tras salir de la Policía pasó a desempeñarse como asesor en labores de contrainteligencia en la DNI, cargo del que fue también apartado.</h4>
<h4>Ortiz no es un desconocido en este tipo de investigaciones. Hizo parte de la <strong>Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN)</strong>, donde trabajó bajo el mando del coronel Mario Javier Durán González. Este último reconoció públicamente que su equipo —incluido Ortiz— adelantó una investigación contra Diego Marín que no prosperó por circunstancias “fuera de su alcance”.</h4>
<h4><strong>La frustración de ese proceso derivó en la disolución del equipo investigador, una decisión que generó tensiones internas en la institución. </strong>Dentro de ese ambiente, surgieron sospechas sobre posibles filtraciones de información sensible, incluida una reunión en el Ministerio de Defensa tras la cual, según versiones, Marín habría salido del país. Aunque posteriormente la coronel (r) Julie Katherine Ruiz, exjefe de Contrainteligencia de la DIPOL, desmintió cualquier fuga de información, el episodio terminó en los altos niveles institucionales.</h4>
<h4>El caso llegó a una junta de generales que decidió el llamamiento a calificar servicios del mayor Ortiz, frenando su ascenso. Posteriormente, trascendieron otras informaciones que lo vinculaban con presuntos hechos de corrupción en La Guajira, algunas de ellas publicadas por la <strong>revista Cambio.</strong></h4>
<h4>Debe revelarse que el mayor Ortiz radicó el 26 de febrero de este año una demanda relacionada con publicaciones periodísticas, en la que formula serios señalamientos contra Cambio Comunicaciones S.A.S., sociedad propietaria de la revista <em data-start="337" data-end="345">Cambio</em>. El proceso cursa actualmente en el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá.</h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>El oficial de la Policía que pasó de investigador a demandante</strong></h4>
<h4>Hoy, Ortiz busca regresar a la Policía. El 19 de diciembre de 2024 presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, alegando que su retiro estuvo viciado por intereses particulares y que fue una represalia por su papel en investigaciones sensibles, entre ellas la de Diego Marín.</h4>
<h4>El proceso se encuentra actualmente en el Juzgado 49 Administrativo de Bogotá, con una última actuación el 18 de marzo de este año. Todo parece concordar.</h4>
<h4>Sin embargo, versiones recogidas por <strong>EL HOME NOTICIAS</strong> indican que altos mandos niegan cualquier irregularidad. “Las decisiones no son arbitrarias; se toman con base en informes de inteligencia”, aseguró un oficial que participó en la junta de generales.</h4>
<h4>Desde la Secretaría General de la Policía también fueron enfáticos: cualquier conclusión debe esperar a lo que determine la Fiscalía. “Lo demás son apreciaciones subjetivas sin valor probatorio”, señaló una fuente.</h4>
<h4><strong>Una guerra interna en la inteligencia</strong></h4>
<h4>Más allá de los nombres propios, lo que empieza a evidenciarse es una fractura profunda dentro de los organismos de inteligencia: desconfianza cruzada, filtraciones constantes y luchas internas que terminan trasladándose a lo mediático.</h4>
<h4>Un alto oficial lo resume así: “Lo que hay es una fragmentación interna que está afectando seriamente el manejo de la información”.</h4>
<h4><strong>El caso Galvis: es un testigo que debilita la investigación</strong></h4>
<h4>En el fondo del escándalo aparece otro elemento crítico: la solidez de las investigaciones contra las redes de contrabando.</h4>
<h4>Uno de los principales testigos es el subintendente Álvaro Galvis Acevedo, quien pasó de ser señalado por sus propios compañeros por presuntas extorsiones a convertirse en agente encubierto.</h4>
<h4>Según informes conocidos por este medio, Galvis habría construido poder dentro de la institución mediante favores económicos, pagos de hospedaje y apoyo logístico a otros uniformados. “Los envolvía con beneficios y luego podía ejercer presión”, afirmó una fuente.</h4>
<h4>Su estilo de vida también genera cuestionamientos: se movilizaba en camionetas blindadas con escoltas privados, pese a su rango. Un estudio interno le atribuiría un patrimonio superior a 38.000 millones de pesos.</h4>
<h4>Además, proyectaba una supuesta cercanía con altas esferas del poder —Ministerio de Defensa, DNI, Fiscalía, DIAN—, lo que habría contribuido a inhibir denuncias en su contra.</h4>
<h4>Pero el punto más delicado es otro: varias de las pruebas que aportó habrían sido obtenidas antes del inicio formal de las investigaciones, lo que ha debilitado procesos judiciales. Algunos señalados, como Ricardo Orozco Baeza, ya se encuentran en libertad.</h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Una investigación en entredicho, que viene perdiendo fuerza</strong></h4>
<h4>Con este panorama, la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿Quién está detrás de las filtraciones que hoy sacuden a la inteligencia colombiana?</h4>
<h4>Mientras la Fiscalía avanza en sus indagaciones, el caso revela algo más profundo: una estructura investigativa fracturada, donde las filtraciones no solo exponen información sensible, sino que también amenazan con derrumbar procesos clave contra el crimen organizado.</h4>
<h4><strong>Redacción Investigativa</strong></h4>
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