El general (r) Miguel Huertas y Wilmar Mejía, director de la DNI y hombre de confianza del presidente Gustavo Petro. Al fondo, Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado como uno de los jefes de las disidencias de las FARC, en medio de la investigación que salpica a los funcionarios.
<h1><span style="color: #000000;"><strong>Procuraduría suspende a general Miguel Huertas y a Wilmar Mejía del DNI por presuntos nexos con disidencias de las FARC</strong></span></h1>
<h3><strong>El Ministerio Público adoptó la medida para evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas dentro de una investigación que apunta a la filtración de información reservada y al eventual favorecimiento de estructuras criminales.</strong></h3>
<h4><strong>Redacción Judicial</strong></h4>
<h5><strong><u>Jueves, 27 de noviembre de 2025</u></strong></h5>
<h4>La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del <strong>general (r) Miguel Huertas y de Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI),</strong> mientras avanza la investigación en su contra por presuntos vínculos con las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá.</h4>
<h4>La Sala Disciplinaria sostuvo que la medida busca impedir que la permanencia de ambos funcionarios pueda influir, alterar o entorpecer la recolección de pruebas dentro del expediente, el cual se nutre de información divulgada por diferentes medios de comunicación.</h4>
<h4>Según las líneas de indagación del Ministerio Público, <strong>Huertas y Mejía habrían entregado información reservada relacionada con movimientos de tropas y operaciones contra estructuras armadas ilegales en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar.</strong> Esa posible filtración, de comprobarse, habría favorecido las actividades de los grupos disidentes.</h4>
<h4>La Procuraduría también investiga si ambos funcionarios habrían ofrecido orientación o apoyo a integrantes de esas organizaciones para la creación de empresas de seguridad privada que, en la práctica, funcionarían como fachada para legalizar el porte de armas y asegurar su permanencia en caso de una ruptura del proceso de diálogo con el Gobierno.</h4>
<h4 style="text-align: center;"><strong>Otras consecuencias del escándalo</strong></h4>
<h4><strong>Paralelamente, se conoció que Wilmar Mejía presentará su renuncia como representante del presidente de la República en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia.</strong> Mejía anunció que dejará el cargo y solicitará que se tramiten debates pendientes sobre asuntos presupuestales y hallazgos administrativos antes de su salida del organismo.</h4>
<h4>Mejía llegó al CSU en marzo de 2024 como delegado del presidente Gustavo Petro, una designación que ha sido cuestionada debido a la posible incompatibilidad entre su rol universitario y sus funciones como alto directivo del DNI.</h4>
<h4><strong>En cuanto al general Huertas, se recuerda que había salido del Ejército en 2022 por disposición del entonces comandante Enrique Zapateiro</strong>. Sin embargo, fue reincorporado con la llegada del actual Gobierno y asumió un cargo estratégico en la estructura de personal del Ejército, con influencia directa en ascensos, traslados y nombramientos.</h4>
<h4>En medio de la controversia, Huertas sostiene que es inocente y afirma que los documentos que lo relacionan con actividades ilegales no han sido validados por autoridad alguna, carecen de soporte técnico y constituyen —según él— una manipulación destinada a perjudicar su nombre.</h4>
<h4><strong>Redacción Judicial</strong></h4>
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