Procuraduría abre investigación contra ministros que firmaron decreto de consulta popular impulsado por Petro

El proceso es preparado por presunta extralimitación de funciones al firmar el decreto de convocatoria a una consulta popular. El hecho ha reavivado el debate sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo y el uso de mecanismos de participación directa.

JUSTICIA

Jueves, 12 de junio de 2025

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro que firmaron el decreto por medio del cual se convoca a una consulta popular nacional sobre reformas estructurales impulsadas por el Gobierno.

La decisión del ente de control se basa en posibles irregularidades en el procedimiento y en la competencia constitucional de los funcionarios que respaldaron el acto administrativo. La medida se produce en medio de una fuerte controversia institucional por el alcance del decreto y su viabilidad jurídica.

Según el Ministerio Público, el proceso disciplinario busca establecer si la firma de los ministros constituyó una extralimitación de funciones, al suscribir un decreto cuya legalidad ha sido cuestionada por expertos constitucionalistas.

 “La firma de este tipo de decisiones podría implicar responsabilidad disciplinaria si se comprueba que los funcionarios obraron por fuera del marco legal y sin las competencias debidas”, indicó la entidad en un comunicado.

Entre los investigados estarían los titulares de las carteras del Interior, Justicia, Hacienda, Salud y Educación, aunque la lista completa no ha sido revelada oficialmente.

¿Cuál es el contexto del decreto que ha generado la polémica?

El decreto en cuestión convoca a una consulta popular para que los ciudadanos se pronuncien sobre temas como la reforma a la salud, pensiones, laboral, y la transición energética. El texto fue firmado por el presidente Gustavo Petro y varios de sus ministros, y ha sido enviado a revisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Diversos sectores políticos han señalado que dicha consulta no cuenta con respaldo del Congreso ni con claridad en su formulación, por lo que podría representar una alteración del orden institucional.

¿Qué dicen los expertos respecto al tema?

Expertos en derecho constitucional han advertido que el Ejecutivo no puede convocar directamente una consulta popular sin la aprobación previa del Congreso de la República, tal como lo exige el artículo 378 de la Constitución.

Desde la oposición, se ha solicitado a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado intervenir para suspender los efectos del decreto.

El propio Gobierno ha defendido la iniciativa como una forma legítima de participación democrática y sostiene que la consulta está prevista como mecanismo de decisión popular.

Redacción Justicia

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