Parranda criminal en Itagüí:

Capos presos contrataron a cantante vallenato, gastaron millones y pusieron en jaque la llamada ‘paz total’ de Petro

Una escandalosa fiesta dentro de la cárcel de Itagüí, financiada por jefes de bandas criminales y amenizada por reconocidos artistas, desató una crisis en la estrategia de paz urbana del Gobierno. Entre licor, lujos y aparentes complicidades institucionales, el episodio obligó a suspender los diálogos con los cabecillas y reavivó las denuncias sobre los privilegios que estarían recibiendo estructuras delincuenciales bajo el discurso de la “paz total”.

Redacción Judicial

Jueves, 9 de abril de 2026

Lo que debía ser un proceso serio de sometimiento a la justicia terminó convertido en un episodio que hoy sacude la credibilidad del Estado. Una ostentosa parranda al interior de la cárcel de Itagüí, protagonizada por jefes de bandas criminales recluidos en ese penal, dejó al descubierto posibles fallas de control, privilegios indebidos y un preocupante nivel de permisividad institucional.

La celebración, que según denuncias habría ocurrido el miércoles 8 de abril desde horas de la mañana, incluyó la contratación de reconocidos artistas del género vallenato, entre ellos Nelson Velásquez y Luis Posada, además de la presencia de otros intérpretes de música popular. A la par, abundaron el licor y alimentos suministrados mediante servicios de catering externos, en una logística que difícilmente habría pasado desapercibida para la administración penitenciaria.

El costo del evento, de acuerdo con testimonios, rondaría los 500 millones de pesos, financiados mediante una “vaca” entre los propios cabecillas. Solo uno de los artistas habría recibido cerca de 100 millones de pesos por su presentación, una cifra que intensifica las dudas sobre el origen y manejo de recursos dentro del sistema carcelario.

La magnitud del evento también genera interrogantes sobre la seguridad del penal. Se estima que cerca de cien personas habrían ingresado aprovechando los permisos de visita que tienen estos jefes criminales como voceros dentro del proceso de “paz urbana”, lo que evidencia posibles vacíos en los controles y protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Las denuncias apuntan, además, a que la celebración se habría facilitado en ausencia del director del establecimiento, quien se encontraba en su día de descanso. En su lugar, habría quedado encargado un oficial que ya había estado vinculado a otro episodio polémico: el llamado “tarimazo” de junio de 2023, cuando varios capos fueron trasladados a un acto público en Medellín en presencia del presidente Gustavo Petro.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar. La delegación oficial de la estrategia de “paz total”, encabezada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, rechazó de manera contundente los hechos y anunció la suspensión inmediata de los diálogos con los voceros de las estructuras criminales hasta esclarecer su responsabilidad en lo ocurrido.

En paralelo, el Inpec aseguró que la actividad no fue autorizada por ninguna instancia del Gobierno ni por la dirección de la entidad. Como respuesta inicial, ordenó la salida del director del penal y del coordinador de guardia, además de abrir investigaciones disciplinarias contra al menos siete funcionarios que se encontraban de servicio durante la polémica celebración.

Este nuevo escándalo revive las críticas que desde distintos sectores se han hecho al proceso de acercamientos con estructuras criminales. Desde su inicio en 2023, el denominado Espacio de Conversación Sociojurídico ha estado rodeado de cuestionamientos por los beneficios otorgados a los cabecillas, entre ellos su designación como voceros y las flexibilidades en sus condiciones de reclusión.

La polémica se profundizó recientemente con la decisión —luego reversada parcialmente— de suspender órdenes de captura contra varios de estos jefes delincuenciales, lo que generó un rechazo casi generalizado en la opinión pública y en sectores de la justicia.

Hoy, la parranda en Itagüí no solo deja en evidencia posibles actos de corrupción o negligencia dentro del sistema penitenciario, sino que también plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto la búsqueda de la paz puede justificar concesiones que terminan fortaleciendo el poder y la ostentación de quienes, desde la cárcel, siguen demostrando capacidad de control y recursos?

El episodio, más que un hecho aislado, se perfila como un síntoma de un modelo que, sin controles estrictos, corre el riesgo de desdibujar la línea entre la negociación y la permisividad frente al crimen organizado.

Redacción Judicial

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