¿La ‘Mata Hari’ de la Policía Nacional?

Los cuestionamientos internos contra la exjefa de Contrainteligencia que agitan a la Institución

Mientras en escenarios externos es presentada como una oficial condecorada y víctima de retaliaciones, dentro de la Policía Nacional persiste una versión muy distinta sobre la coronel (r) Julie Katherine Ruiz Solórzano. Fuentes activas y retiradas señalan que informes de contrainteligencia sin soporte habrían incidido en la salida de decenas de oficiales, incluido un grupo de generales. Su reciente reaparición pública reavivó viejas y malas experiencias institucionales y dejó en el escenario varias preguntas sin resolver.

Redacción Investigativa

Martes, 24 de febrero de 2026

Por fuera de la Policía Nacional, la imagen de la teniente coronel (r) Julie Katherine Ruiz Solórzano ha estado rodeada de reconocimientos, respaldo político y un discurso de persecución institucional. Sin embargo, lo que EL HOME NOTICIAS pudo establecer a través de fuentes internas, activas y retiradas, es que dentro de la institución su nombre sigue asociado a uno de los periodos más traumáticos de la contrainteligencia policial en los últimos años.

El debate recobró vigencia tras las recientes declaraciones de la oficial a Caracol Radio, en las que negó haber filtrado información reservada y atribuyó su salida de la Policía a retaliaciones internas. No obstante, para sectores de la oficialidad, su paso por la Contrainteligencia dejó consecuencias que aún no han sido plenamente explicadas.

“Se instaló la idea de que bastaba una alerta de contrainteligencia para sepultar una hoja de vida”, afirmó un general retirado.

Informes que desmoronaron varias carreras

Un exintegrante de la cúpula policial aseguró a EL HOME NOTICIAS que decenas de decisiones de retiro y llamados a calificar servicios se sustentaron en informes de contrainteligencia “escuetos, sin pruebas sólidas y basados en conjeturas”, amparados bajo la llamada política de integridad y transparencia.

Según esta fuente, más de 100 oficiales habrían visto truncada su carrera, aunque este medio logró documentar al menos 65 casos concretos en los que la información de contrainteligencia habría influido directamente en decisiones adoptadas por la junta de generales.

“Si bien existe una función de contrainteligencia, no es correcto —como lo plantea la coronel Julie— reducirla únicamente a la lucha contra la corrupción. Ese es uno de sus componentes, pero no su eje central. La inteligencia y la contrainteligencia están concebidas, ante todo, para apoyar y fortalecer la seguridad nacional”, manifestó un general consultado por este medio.

El remezón de 2025 y la junta decisiva

Uno de los episodios más recordados ocurrió en la segunda semana de febrero de 2025, cuando se convocó una junta de generales para evaluar ascensos de altos oficiales, coincidiendo con la llegada del general Carlos Fernando Triana Beltrán a la Dirección de la Policía.

De acuerdo con fuentes consultadas, la salida de más de 60 oficiales habría estado influenciada por reportes de contrainteligencia entregados a algunos generales de esa junta, además, también se le notificó al entonces ministro de Defensa, sin que posteriormente se hicieran públicos los soportes de tales señalamientos.

Entre los oficiales retirados figuraron al menos cinco generales, entre ellos William Oswaldo Rincón Zambrano, quien tiempo después fue reintegrado con honores y hoy dirige la institución. Para algunos mandos, su regreso evidenció que parte de la información que motivó su salida carecía de fundamento.

Oficialmente, la institución explicó entonces los retiros como resultado de cumplimiento de tiempos, decisiones voluntarias y reestructuraciones estratégicas. Nunca se mencionaron los presuntos informes erróneos de contrainteligencia.

Otro oficial consultado por este medio independiente aseguró que “en la historia institucional nunca antes se había realizado un remezón en la línea de mando de la forma en que se hizo en esa ocasión. Y eso ocurrió pese a que ya existían antecedentes de escándalos por montajes y las llamadas ‘carpetas oscuras’, una vieja práctica en la que se consignaban conjeturas sin sustento probatorio, utilizadas únicamente para desprestigiar y apartar de la Policía a oficiales que no eran del agrado de la jefatura de turno”.

La versión de la coronel

En su reaparición mediática, la coronel (r) Ruiz sostuvo que no actuó de manera individual, sino dentro de una estructura institucional y bajo el marco legal de la inteligencia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

También negó haber facilitado la fuga de Diego Marín y aseguró que la reunión del 10 de octubre de 2023 en el Ministerio de Defensa no abordó capturas, sino medidas administrativas y de seguridad. Recordó, además, que el entonces ministro Iván Velásquez Gómez afirmó públicamente que no hubo filtración de información.

Una fuente cercana al proceso confirmó posteriormente que no existía ningún elemento probatorio ni sustento jurídico que permitiera concluir que Diego Marín se hubiera fugado. Es en lo que la teniente coronel Ruiz insistió, que esto no hace parte de las indagaciones. “La Fiscalía me dio respuesta de que no tengo investigación penal. En cambio, si solicité una investigación disciplinaria en contra del fiscal Andrés Marín”.

Uno de los puntos más sensibles que la oficial no aclaró completamente es el relacionado con el mayor Peter Steven Nocua Henao, entonces jefe de la División de Control Operativo de la POLFA en Cartagena.

Una fuente de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) confirmó a EL HOME NOTICIAS que sí se le practicó una prueba de polígrafo tras ser requerido de manera urgente en Bogotá por la entonces comandante de Contrainteligencia. Según los registros internos, Nocua quedó durante dos días a disposición de esa dependencia y no regresó a su cargo, en medio de versiones no oficiales que indicaban un resultado adverso en la prueba.

Tras su salida, fue designado como reemplazo el mayor Raúl Darío Vargas Cruz, oficial con pasado en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIPOL).

Conducto regular y poder político

Documentos que circulan internamente en la Policía señalan a la coronel Ruiz de haber sobrepasado el conducto regular, manteniendo contacto directo y frecuente con el entonces ministro de Defensa sin informar a sus superiores, lo que —según expertos consultados— podría constituir una falta disciplinaria.

“Se convirtió en una aliada directa del Ministro, al margen de la línea de mando”, aseguró un alto oficial a este medio.

En este orden, la historia de Julie Katherine Ruiz Solórzano sigue dividiendo a la Policía Nacional. Para algunos, es una oficial que enfrentó estructuras de corrupción; para otros, una funcionaria cuyo poder en la contrainteligencia fue usado sin controles suficientes, con efectos devastadores para la carrera de decenas de oficiales.

Lo cierto es que, más allá de reconocimientos o denuncias públicas, las preguntas sobre el uso de la contrainteligencia, sus límites y sus consecuencias internas siguen sin una respuesta institucional clara. Y esas dudas, hoy, vuelven a instalarse en el centro del debate público.

Las malas prácticas al interior del aparato institucional —como el acceso indebido a bases de datos del Estado para la elaboración de montajes, carpetas apócrifas y anónimos— no solo han sido utilizadas como mecanismos para apartar de la Policía a oficiales con hojas de vida sólidas, sino que también se han convertido en herramientas eficaces para destruir la reputación y el prestigio de personas de la vida pública nacional, sin controles ni responsabilidades claras.

• EL HOME NOTICIAS prepara una segunda entrega de este informe investigativo, en la que se expondrá el origen, la evolución y el funcionamiento de estos montajes y anónimos, así como los actores que estarían detrás de una vieja práctica utilizada para desprestigiar, presionar y promover procesos judiciales sin soporte documental ni pruebas fehacientes.

•  Un engranaje que no solo opera en las sombras del aparato institucional, sino que además es amplificado como ‘show mediático’ a través de algunos medios de difusión, convirtiendo conjeturas en titulares y sospechas en sentencias públicas, en un escenario que deteriora la credibilidad de la justicia y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.

Redacción Investigativa

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