Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, enfrenta investigaciones de la Fiscalía por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, mientras avanza un proceso de embargo sobre un apartamento de alto valor en Bogotá.
<h1><span style="color: #000000;"><strong>Fiscalía de Colombia cerca el patrimonio del presidente de Ecopetrol mientras avanzan investigaciones por la campaña Petro</strong></span></h1>
<h3><strong>La Fiscalía General avanza en dos frentes contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol: la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de 2022 y un caso de tráfico de influencias ligado a la compra de un lujoso apartamento en Bogotá. Un embargo sobre el inmueble ya fue ordenado, mientras se define la situación jurídica de un exoficial de Policía vinculado a los pagos y a contratos con la petrolera estatal.</strong></h3>
<h4><strong>Redacción Justicia</strong></h4>
<h6><strong><u>Martes, 10 de febrero de 2026</u></strong></h6>
<h4>La situación judicial de <strong>Ricardo Roa</strong>, presidente de la estatal <strong>Ecopetrol</strong> y exgerente de la campaña <strong>Petro Presidente 2022–2026</strong>, entra en una fase decisiva tras el doble llamamiento a imputación de cargos anunciado por la <strong>Fiscalía General de la Nación</strong>. Las investigaciones avanzan en dos líneas sensibles: la presunta <strong>violación de los topes de financiación electoral</strong> y un posible <strong>tráfico de influencias</strong> relacionado con la adquisición de un apartamento de alto valor en el norte de Bogotá.</h4>
<h4>A 24 horas del anuncio de la Fiscalía, la <strong>junta directiva de Ecopetrol</strong> no se ha pronunciado sobre la permanencia de Roa al frente de la principal empresa estatal del país. Tampoco se había registrado, al cierre de esta edición, un pronunciamiento del <strong>presidente Gustavo Petro</strong>, pese a que el caso vuelve a poner bajo escrutinio la campaña que lo llevó al poder y a uno de sus colaboradores más cercanos, a quien incluso incluyó recientemente en una visita oficial a Washington.</h4>
<h4>En las próximas horas se conocerán las fechas en las que Roa, de 63 años, será citado formalmente por ambos procesos. El apartamento identificado como el <strong>inmueble 901</strong>, cuya compra fue revelada en diciembre de 2023 por la prensa colombiana, aparece como un elemento central tanto en la investigación penal como en un <strong>proceso civil paralelo</strong>.</h4>
<h4>De hecho, fuentes cercanas al caso confirmaron que ya fue <strong>programada una diligencia de embargo y secuestro</strong> del apartamento, en el marco de una demanda por deudas de campaña interpuesta por la empresa <strong>Sociedad Aérea de Aviación (Sadi SAS)</strong>. El proceso ha avanzado de manera escalonada: embargo ejecutivo decretado en diciembre de 2024, orden de ejecución en marzo de 2025, solicitud de secuestro en noviembre y un nuevo memorial librado el pasado 4 de febrero de 2026. La diligencia coincidió en fechas con la estadía de Roa en Estados Unidos como parte de la comitiva presidencial.</h4>
<h4>Paralelamente, la Fiscalía se apresta a definir la situación jurídica del <strong>expolicía Juan Guillermo Mancera</strong>, exjefe de seguridad de <strong>Pacific Rubiales</strong>, hoy contratista de Ecopetrol y señalado de haber realizado los pagos del apartamento. El fiscal delegado <strong>Raúl González</strong> confirmó públicamente que Mancera es investigado por presunto tráfico de influencias, al haber participado en la transacción inmobiliaria antes de resultar favorecido con contratos en la petrolera estatal.</h4>
<h4>Según la investigación, una empresa vinculada al empresario <strong>Serafino Iacono</strong> figura como proveedora del gas que una de las compañías de Mancera acordó suministrar a Ecopetrol. Además, en otro contrato bajo revisión, habría intervenido una sobrina de Mancera que trabaja actualmente en la estatal. El exoficial, que permanece fuera del país, sostiene que todas las contrataciones se ajustaron a la ley y a los controles internos de la compañía.</h4>
<h4>Consultado por este medio sobre la diligencia de embargo, <strong>Ricardo Roa no respondió</strong>. Sin embargo, una fuente cercana indicó que el directivo ha venido realizando consultas jurídicas y sostiene que el proceso corresponde exclusivamente a obligaciones de la campaña presidencial y no a su patrimonio personal.</h4>
<h4>El avance simultáneo de estos procesos mantiene bajo presión a la cúpula de Ecopetrol y abre un nuevo capítulo de impacto político y judicial para el Gobierno colombiano, en un momento clave de su agenda interna e internacional.</h4>
<h4><strong>Redacción Justicia</strong></h4>
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