Concejal de Cambio Radical señalado de despojar tierras en Guainía para favorecer la minería ilegal

Campesinos denuncian que un grupo de funcionarios públicos, en complicidad con el concejal Fabio Luiz Ruiz, manipula la justicia para arrebatarles predios con títulos legítimos. La red estaría vinculada a actividades de minería ilegal en la frontera con Venezuela.

Redacción Investigativa

Miércoles, 1 de octubre de 2025

En el departamento del Guainía se destapó un nuevo escándalo de despojo de tierras que involucra a funcionarios públicos y a un concejal del partido Cambio Radical, que actúa por fuera de su jurisdicción. La denuncia, en poder de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría Regional, advierte que los predios a punto de ser despojados serían utilizados para favorecer la minería ilegal en zona fronteriza con Venezuela.

Los campesinos afectados aseguran, que poseen títulos de propiedad legítimos, pero que, a través de fallos judiciales expedidos de manera irregular, se busca despojarlos y expulsarlos de sus tierras. Se trataría de una red calificada de “tierreros” con apoyo de miembros de la administración municipal de Inírida.

“Es claro que se gestó una alianza con trasfondo oscuro, manipulando la justicia y con coadyuvancia de varios funcionarios públicos”, señala la denuncia.

El fallo exprés y el silencio de las instituciones

El 23 de julio de 2025 se radicó una solicitud de amparo policivo en Inírida, y tan solo una semana después, el 31 de julio pasado, se profirió un fallo que hoy tiene en el ojo del huracán al personero municipal, Yuber Fabián Torres Bustos; al abogado Jairo Ricardo Barrera Nossa; y al inspector de Convivencia y Paz Rural de la capital guainiana.

El fallo, catalogado como “exprés”, declaró la “Perturbación a la Posesión” en contra del campesino Fernando González Hernández, con el objetivo —según la denuncia— de favorecer al concejal de Arcabuco (Boyacá), Fabio Luiz Ruiz, electo por Cambio Radical, y protagonista de este nuevo escándalo.

La acción fue tan cuestionada que un bufete de abogados, encabezado por Gregorio Esteban Toro Barrera, interpuso una acción de tutela para desactivar el fallo policivo. El recurso emitido por la Personería argumenta que la decisión vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa legítima, el acceso a la justicia y la libertad de expresión.

“La actuación del Inspector de Policía dejó a mi poderdante en estado de indefensión”, denunció el abogado Toro Barrera.

Concejal de Arcabuco, Fabio Luiz Ruiz, de Cambio Radical, señalado de usar la justicia para arrebatar tierras en la Amazonía, a personas que poseen documentos que acreditan la legítima propiedad de los mismos.

Audios comprometedores y una deuda oscura

EL HOME NOTICIAS tuvo acceso a audios en los que Fabio Luiz Ruiz incita a una tercera persona a ingresar con machete y cuchillo en mano a un predio, con el propósito de intimidar a la familia González Hernández.

El abogado Toro Barrera sostiene que la disputa tiene su origen en un negocio de minería ilegal. Según él, el predio fue entregado a Ruiz como pago por la desaparición de una maquinaria amarilla utilizada en explotación minera ilícita. Esa supuesta transacción habría sido pactada con el exconcejal Javier Asdrúbal Sánchez Arias, ambos dedicados a la misma actividad por fuera de la ley, según el documento.

“Se trató de una promesa de compraventa ilegítima, usada como simulación para garantizar una deuda entre Sánchez Arias y Ruiz. Todo dentro de una sociedad de hecho vinculada a la minería ilegal y otras actividades ilícitas”, explicó el abogado.

Documentos oficiales certifican que en 2023 el predio fue enajenado a nombre de González Hernández, por lo que cualquier intento de apropiación sería arbitrario.

La sombra de la corrupción

De acuerdo con la denuncia, la red que opera en Guainía estaría protegida por funcionarios públicos con vínculos de amistad con el concejal Ruiz. Tal es el caso del personero municipal de Inírida, Yuber Torres Bustos, oriundo de Arcabuco, al igual que Ruiz.

Además, se conoció que Torres Bustos suscribió en 2022 un principio de oportunidad con la Fiscalía 17 Seccional de Tunja, tras ser investigado por fraude a resolución judicial y administrativa.

El silencio cómplice

Lo que más preocupa a los denunciantes es el mutismo de las instituciones. Ni la Procuraduría Regional, ni la Fiscalía Seccional, ni la Defensoría del Pueblo, ni el propio Concejo Municipal de Inírida han emitido pronunciamiento alguno frente a las graves acusaciones.

Mientras tanto, campesinos e indígenas siguen bajo amenaza de ser expulsados de sus tierras, que estarían siendo destinadas a fortalecer redes de minería ilegal con nexos en territorio venezolano.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Por qué las autoridades guardan silencio ante un caso tan grave de despojo que pone en riesgo los derechos de campesinos vulnerables y favorece estructuras de corrupción ligadas a organizaciones criminales?

Redacción Investigativa

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