Respuesta a denuncia de EL HOME NOTICIAS:

Ejercito Nacional detecta que su convocatoria limitaba la participación y modifica las reglas del proceso y se ‘espanta’ así al ‘Cartel de la chatarrización’

Tras las observaciones que hicieron empresas interesadas, la entidad realizó cambios a las condiciones de su convocatoria para la desintegración física de 970 vehículos administrativos y tácticos. La institución castrense reconoce que algunas exigencias territoriales eran de difícil cumplimiento, por lo que eliminó una de las zonas que se creó a última hora y ajustó varios criterios para ampliar el número de oferentes.

Redacción Investigativa

Jueves, 17 de septiembre de 2026

La convocatoria del Ejército Nacional para contratar la desintegración física total y la baja definitiva de 970 vehículos fuera de servicio terminó generando un intenso cruce de información entre la Institución y varias empresas del sector de reciclaje y desintegración vehicular.

Durante la etapa de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, EL HOME NOTICIAS reveló que algunas exigencias financieras y, especialmente, los requisitos relacionados con la ubicación geográfica de las plantas de desintegración podrían dejar por fuera a una parte importante de los posibles participantes y que se corría el riesgo de que el contrato cayese en manos del ‘Cartel de la chatarrización’.

Tras analizar las solicitudes, el Ejército aceptó parcialmente varias de las sugerencias  y realizó modificaciones que, en la práctica, representan un reconocimiento de que algunos requisitos podían restringir la competencia. Se observa a primera vista que existe el interés de hacer las cosas bien.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación de la denominada «Sede 4», la misma que había generado la suspicacia,  una zona territorial que agrupaba varias ciudades donde, según reconoció la propia entidad, no existían empresas desintegradoras habilitadas por el Ministerio de Transporte que pudieran cumplir plenamente las condiciones exigidas.

En su respuesta oficial a EL HOME NOTICIAS, el Ejército señaló que mantener esa estructura territorial podía convertir el requisito en una condición de imposible cumplimiento para algunos interesados, razón por la que decidió integrar esas ciudades a otra zona operativa con el objetivo de ampliar el universo de uniones temporales. 

Esta es la respuesta formal del Ejército ante las inquietudes de EL HOME NOTICIAS.

¿Cuál fue la denuncia?

Las empresas participantes cuestionaron que el proyecto de pliego exigiera contar con sedes o centros de operación en determinadas regiones del país, argumentando que esa condición podía favorecer a algunas compañías y excluir a otras que cuentan con experiencia, licencias y capacidad técnica para ejecutar el contrato.

Según las observaciones de varios interesados, la capacidad logística podía demostrarse mediante plantas autorizadas y contratos especializados de transporte, sin necesidad de exigir presencia física en determinadas ciudades.

El Ejército, sin embargo, atendió estas exigencias y aclaró, además,  que los vehículos objeto del proceso no pueden movilizarse por sus propios medios y que el traslado corre por cuenta de la institución, no del contratista.

La Institución castrense explicó que muchos de los automotores son vehículos tácticos de uso militar, algunos de gran tamaño y peso, cuya movilización implica costos elevados, permisos especiales y riesgos de seguridad.

Seguridad y costos, los argumentos del Ejército

De acuerdo con la documentación oficial, el Ejército considera que la cobertura regional es fundamental para reducir los costos de transporte y evitar recorridos de cientos o incluso miles de kilómetros con vehículos militares dados de baja.

La institución también advirtió que un desplazamiento excesivo de este material incrementaría los riesgos de custodia y seguridad, especialmente tratándose de automotores de carácter táctico.

Por esa razón, aunque aceptó algunos ajustes para facilitar la participación de empresas interesadas, mantuvo la filosofía general del esquema territorial diseñado para el proceso.

También hubo cambios financieros

Otro de los aspectos modificados fue el relacionado con los indicadores financieros.

Varias empresas consideraron que los niveles inicialmente exigidos eran superiores a los utilizados en procesos similares desarrollados en años anteriores.

Después de revisar las observaciones, el Ejército decidió flexibilizar algunos de esos indicadores, acercándolos a parámetros que históricamente habían sido utilizados en convocatorias similares.

No obstante, rechazó reducir las exigencias relacionadas con el capital de trabajo, argumentando que dicho requisito es necesario para garantizar la capacidad operativa y financiera del futuro contratista.

Lo que deja este proceso de chatarrización

Más allá de los ajustes técnicos, el episodio deja una conclusión importante: las observaciones formuladas por las empresas tuvieron un impacto directo sobre las reglas de la convocatoria.

Aunque el Ejército defendió la necesidad de mantener controles logísticos y de seguridad, también terminó modificando varios aspectos del proceso para evitar restricciones que pudieran limitar la participación de potenciales oferentes.

Este tipo de intercambios de puntos de vista  pone nuevamente sobre la mesa uno de los desafíos permanentes de la contratación pública: encontrar el equilibrio entre la protección de los intereses del Estado y la garantía de una competencia amplia que permita la participación efectiva del mayor número posible de empresas, para evitar la manipulación de los procesos por parte de entidades privadas con antecedentes de corrupción.

Redacción Investigativa

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