Corrupción preelectoral: 

Denuncian a funcionario público por presunta participación en política en Guainía: se reactivan alertas ante viejas estructuras de poder

El abogado Gregorio Esteban Toro Barrera, reconocido por sus denuncias contra el llamado “carrusel corrupto” de la Agencia Nacional de Tierras, radicó ante los organismos de control un nuevo informe en el que advierte una posible intervención indebida de un funcionario público en actividades proselitistas. La denuncia se suma a la controversia por la presunta reactivación de estructuras políticas vinculadas al exgobernador Juan Carlos Iral y su círculo familiar.

Redacción Investigativa

Martes, 18 de noviembre de 2025

En Guainía, la política parece tener más temporadas que una serie de televisión. Y así, de los mismos creadores de “La primera dama reparte cemento desde un camión con propaganda, imprimió camisetas y regalo mercados”, llega ahora una nueva entrega que promete mantener el mismo elenco y la misma trama. 

Reaparece la muy recordada ‘Mona’, Adriana Páez, protagonista indiscutible de aquella primera temporada que dejó huella en la memoria política de esta parte del país. Esta vez, según señalamientos y denuncias en poder de las autoridades, la historia se reinventa con un giro: su presunto respaldo al candidato, John Alexander Molina Betancur, quien entra en escena como el nuevo protagonista de la saga electoral.

Puede sonar gracioso, pero es un asunto profundamente serio al que todos debemos prestar atención, porque en ello se juega el futuro de la región y del país. Es urgente erradicar las prácticas corruptas que aún sobreviven, las viejas estructuras políticas.

El panorama político de Guainía se encuentra bajo tensión nuevamente. Una denuncia formal presentada ante los organismos de control por el abogado Gregorio Esteban Toro Barrera —conocido por impulsar investigaciones contra irregularidades públicas y por señalar el presunto “carrusel corrupto” de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)— reavivó las alarmas sobre la interferencia de funcionarios y figuras políticas en plena etapa preelectoral.

En días recientes circuló un video —mencionado en la denuncia— donde se observa la presencia de Adriana Páez (La Mona, como es llamada en su círculo de colaboradores), esposa del gobernador Juan Carlos Iral, figura que ya había sido señalada en ocasiones anteriores por su presunta influencia en campañas políticas del departamento.

Aunque no existe pronunciamiento oficial sobre su rol en la actualidad, el material audiovisual ha reactivado cuestionamientos sobre su posible participación en la construcción de la precandidatura de Jhon Alexander Molina Betancur.

Es por estas evidencias visuales que el abogado advierte de una posible participación en política por parte de un funcionario público, presuntamente involucrado en el armado de una candidatura a la Cámara de Representantes. 

Esta denuncia se conecta con un caso más amplio que ya ha generado debate en el departamento: la presunta reactivación de viejas estructuras de poder, alianzas heredadas y prácticas que en el pasado han sido cuestionadas públicamente.

Esta es la denuncia formal ante la corrupción electoral en Guainía, interpuesta por el abogado Gregorio Esteban Toro Barrera, reconocido por sus denuncias contra el llamado “carrusel corrupto” de la Agencia Nacional de Tierras.

¿Quién es el abogado que hace esta revelación?

Toro Barrera no es un denunciante improvisado. Su nombre tomó relevancia nacional tras haber puesto en la mira a la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Ruby Aurora García Sánchez, a quien señaló ante la Contraloría por presunto abuso de poder y direccionamiento de contratos dentro del denominado “carrusel corrupto” que habría operado en la entidad.

Su trayectoria como denunciante en casos de corrupción y su participación en procesos de vigilancia institucional otorga especial resonancia al documento que ahora involucra a un funcionario público en Guainía.

La denuncia también subraya que Cilia Paola Domínguez Aponte, esposa de Molina Betancur, mantiene contratos vigentes en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del actual representante Alexander Guarín, situación que para expertos consultados plantea un posible conflicto de intereses cuando uno de los cónyuges entra en escena como aspirante al Congreso.

La denuncia alerta de la posible reactivación de una estructura política asociada al círculo del gobernador Iral, señalada históricamente por intervenir indebidamente en procesos electorales.

Según el documento, esta red estaría articulando nuevamente bajo nuevas figuras, pero utilizando viejos métodos.

La pieza clave: un funcionario público

El punto central del expediente radicado por Toro Barrera es la advertencia de una posible participación en política de un funcionario público, cuya identidad y presunta conducta quedan consignadas en la denuncia.

De acuerdo con el denunciante, este funcionario habría tenido participación directa o indirecta en actividades orientadas a respaldar la aspiración de Molina Betancur, lo cual —si se verifica— podría constituir una falta disciplinaria grave bajo las normas que regulan la neutralidad estatal en tiempos preelectorales.

Pero, la estructura va más allá, también se revela el nombre de Cilia Paola Domínguez Aponte, quien, a través de su vinculación con contratos públicos y su cercanía con las estructuras de poder de Guainía, está imponiendo la candidatura de su esposo, Jhon Alexander Molina Betancur

Pero ¿Qué dicen las normas al respecto?

La intervención en política de funcionarios públicos es una falta sancionable.

En Colombia, la participación en política por parte de servidores públicos está prohibida por la Constitución, el Código Disciplinario y múltiples fallos del Consejo de Estado y la Procuraduría.

Organizaciones civiles y líderes comunitarios consultados por esta redacción coinciden en que este nuevo episodio debe motivar una actuación rápida y rigurosa por parte de los órganos de control.

Una pregunta que vuelve a surgir en Guainía: ¿Se permitirá nuevamente que estructuras políticas cuestionadas definan el rumbo del departamento?

La denuncia de Gregorio Esteban Toro Barrera se convierte, así, en un punto de inflexión.
No solo por lo que afirma, sino por lo que revela de un sistema político que parece resistirse a cambiar.

Es que es inaceptable que, en pleno siglo XXI, sigamos presenciando cómo se construyen candidaturas bajo el amparo de UTLs (Unidades de Trabajo Legislativo) al servicio de intereses particulares. 

Son estas las dañinas y corruptas alianzas, que por años han sido caldo de cultivo para prácticas desleales y clientelistas, no pueden ser recicladas bajo la fachada de “nuevas candidaturas”. Esta es una jugada maestra de quienes han aprendido a manipular las reglas del juego, y que hoy, más que nunca, se presentan como los salvadores del sistema.

El futuro electoral del Guainía está hoy en manos de los organismos de control, de la transparencia institucional y, sobre todo, de una ciudadanía que comienza a exigir que las decisiones públicas se liberen de viejas sombras.

Redacción Investigativa

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