La salud mental del poder: entre la realidad y el riesgo de un país en tensión. Columna de opinión del abogado Daniel Santos Carrillo
29 octubre, 2025
Denuncian a Verónica Alcocer, esposa de Petro, ante la Fiscalía por presunta estafa en favor de terceros
Se solicita investigar los contratos y actividades que la primera dama habría realizado con recursos públicos pese a no ostentar formalmente ese rol. Gustavo Petro negó cualquier relación sentimental entre ambos.
Redacción Judicial
Jueves, 30 de octubre de 2025
La situación judicial de la primera dama, Verónica Alcocer, vuelve a estar en el centro del debate público luego de que el académico y experto en anticrimen financiero Juan Carlos Portilla radicara una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de estafa en favor de terceros.
El denunciante pide que se investiguen los contratos y gastos asociados a las actividades oficiales en las que Alcocer participó como primera dama, pese a que el propio presidente Gustavo Petro reconoció que se encuentra separado de su esposa desde hace varios años. Según Portilla, esta circunstancia podría configurar una irregularidad en el manejo de recursos públicos.
La denuncia cobra relevancia en un contexto de creciente tensión política, tras conocerse que el Gobierno de Estados Unidos incluyó recientemente a Petro, Alcocer y Nicolás Petro Burgos —hijo mayor del mandatario— en la Lista Clinton, por presuntos vínculos con actividades de lavado de activos.
De acuerdo con Portilla, existen indicios de que Verónica Alcocer habría autorizado o recibido pagos por servicios de asesoría e imagen, con valores que superarían los mil millones de pesos, utilizando fondos públicos o recursos asignados a otros fines.
“Se destinaron millonarios recursos para cumplir con una agenda de quien no ostentaba formalmente la condición de primera dama”, explicó el denunciante, al señalar que varios contratos, facturas y proveedores podrían haber sido usados para justificar desembolsos irregulares.
El profesor también advirtió que en la presunta operación habrían participado terceros proveedores y sociedades interpuestas, encargadas de emitir documentos para simular la legalidad de los pagos. Por ello, solicitó que la Fiscalía amplíe la investigación a los funcionarios que firmaron los contratos y autorizaron los desembolsos.
“Estamos frente a un posible caso de estafa en favor de terceros, en el que, mediante artificios en la contratación y facturación, se habría generado un beneficio económico para la denunciada y su entorno, en detrimento de los fondos públicos”, puntualizó Portilla.
La Fiscalía General deberá ahora evaluar los elementos presentados en la denuncia y determinar si existen méritos para abrir una investigación formal que esclarezca el uso de los recursos y la responsabilidad de los involucrados.
Redacción Judicial
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Leonidas Medina Jiménez
Editor general
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