Muerte, abuso y contradicciones:

Cuestionado operativo de la DIAN y la Policía, un habitante de calle fallecido en San Victorino

Una persona en situación de calle murió en extrañas circunstancias, preciso, durante una intervención de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la DIAN en el centro de Bogotá. Comerciantes señalan excesos del ESMAD, uso desmedido de gases lacrimógenos y denuncian irregularidades, xenofobia y atropellos a derechos fundamentales. La víctima habría inhalado gases y piden investigar.

Redacción Investigativa

Martes, 29 de julio de 2025

Un operativo liderado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), acompañado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), terminó con la inspección a un cadáver, la muerte de un habitante de calle en el sector de San Victorino, centro de Bogotá. El hecho, ocurrido en la madrugada del martes 29 de julio de 2025, ha generado una ola de cuestionamientos por presunto uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad y procedimientos arbitrarios.

Según testigos y comerciantes afectados, el hombre fallecido habría inhalado una gran cantidad de gases lacrimógenos lanzados por el ESMAD durante los enfrentamientos que se produjeron cuando se intentó impedir el decomiso de mercancía. La víctima fue hallada sin vida en las cercanías del parque La Mariposa, epicentro del operativo. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se le practicará una necropsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

“Esto debe ser investigado, porque no se descarta que este hombre haya muerto por la inhalación de gases lacrimógenos que de manera indiscriminada e irresponsable lanzaron los policías del ESMAD. Yo estuve a punto de asfixiarme, por eso lo digo. Fue mucha la cantidad de gases que esa gente lanzó, sin importar que aquí vivimos personas con niños y ancianos”, denunció Mauricio Bayona, empleado de una de las bodegas intervenidas.

Los hechos comenzaron hacia las 12:25 de la madrugada, cuando las autoridades iniciaron el decomiso de una gran cantidad de mercancía. La operación, según comerciantes, se realizó de forma sorpresiva, violenta y sin permitir la presencia de los propietarios o administradores de los locales. Un procedimiento al que llamaron “oscuro”, en el que se destruyeron puertas sin haber una notificación o presencia de un delegado de la Defensoría del Pueblo, de algún organismo que evitara los excesos.

Enfrentamientos, gases y fuego

El procedimiento derivó en enfrentamientos entre comerciantes, habitantes de calle y la Policía. Algunos testigos afirmaron que el caos se desató cuando intentaron mostrar a los funcionarios los documentos que certificaban la legalidad de sus productos. “Nosotros teníamos los manifiestos de aduana, las declaraciones de importación, los pagos… pero no nos dejaron acercar”, relató uno de los comerciantes.

La tensión escaló hasta que un CAI móvil de la Policía fue incendiado hacia las 2:00 a.m., lo que el coronel Luis Carlos Torres, vocero de la Policía Metropolitana de Bogotá, atribuyó a la intervención de habitantes de calle.

Denuncias contra la DIAN

La funcionaria Carolina Barrero Saavedra, directora Seccional de Aduanas de Bogotá, quien lideró el operativo, sostuvo ante los medios que la mercancía decomisada consistía en confecciones de contrabando. Sin embargo, no explicó por qué no se permitió a los comerciantes presentar documentación ni por qué los bienes fueron retirados sin acta de aprehensión o inventario alguno. Es más, que sin revisar o contrastar la mercancía esta fue subida a los camiones.

“Llegan con camiones y se llevan todo sin saber si esa mercancía ya fue nacionalizada. No discriminan. No revisan. Rompen puertas y cargan bultos sin control, parece que llevaran rayos láser para saber el contenido de los empaques y el tipo de mercancía. Esto no es un procedimiento legal, es un asalto oficializado”, manifestó otro de los afectados.

Comerciantes denuncian que los excesos y el abuso de autoridad fue liderado por Carolina Barrero Saavedra, directora Seccional de Aduanas de Bogotá, a quien acusan, además, de trato xenofóbico.

Comunidad china denuncia xenofobia

Uno de los grupos más afectados fue el de empresarios de origen chino, quienes aseguran haber sido víctimas de discriminación por parte de funcionarios de la DIAN.

“Ya presentamos una queja ante nuestra embajada. Estoy seguro que el embajador Zhu Jingyang se comunicará con el presidente Gustavo Petro, porque desconocemos si él aprueba estos comportamientos xenofóbicos”, expresó Liu Zhang Hao.

Zhang fue enfático en señalar que estas acciones contradicen el acercamiento bilateral que Colombia busca con China, especialmente tras la reciente visita del presidente Petro a ese país para promover la adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS.

“El doble discurso es evidente. Mientras se buscan alianzas estratégicas con nuestro país, aquí nos tratan como delincuentes. La señora Carolina Barrero Saavedra actúa con prepotencia y prejuicio. No respeta los canales diplomáticos ni los derechos básicos”, agregó Zhang Hao.

Incertidumbre y falta de garantías

Además del descontento por la falta de transparencia y legalidad en el operativo, los comerciantes denuncian que la mezcla arbitraria de la mercancía decomisada, la que hace prácticamente imposible reclamarla o demostrar su legalidad posterior. Tampoco se respeta el derecho de los empresarios extranjeros a contar con intérpretes cuando no hablan español y son tratados con expresiones cargadas de xenofobia.

“No nos oponemos a los controles aduaneros. Lo que pedimos es respeto al debido proceso. Pero llegan, no preguntan, no inspeccionan, simplemente cargan. El operativo del martes fue más una redada sin ley que una acción institucional legítima”, concluyó otro de los empresarios.

¿Y la vida que se perdió?

Mientras las autoridades intentan justificar el operativo y comerciantes reclaman justicia, una vida humana se perdió en medio de los gases y la confusión. Un habitante de calle, invisible para muchos, podría haber sido víctima del descontrol institucional. La Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre su muerte, y el informe forense aún está pendiente.

Lo cierto es que este operativo deja más preguntas que respuestas: ¿fue legal el procedimiento? ¿Se respetaron los derechos fundamentales de los comerciantes? ¿Hubo uso excesivo de la fuerza? Y lo más inquietante: ¿Murió un hombre por culpa de un procedimiento arbitrario y desmedido?

Las respuestas aún no llegan. Pero el impacto de la violencia institucional ya está a la vista de todos.

Redacción Investigativa

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