Total rechazo por mina antipersona que causa muerte a madre de 24 años y heridas a su pequeña hija en Dabeiba

El despiadado hecho fue condenado por la Defensoría del Pueblo, a la siembra de minas explosivas en medio cultivos agrícolas de una comunidad indígena, preciso desde pueblos indígenas siembran su pan coger.

JUSTICIA

Viernes, 25 de junio del 2021

El rechazo lo hizo el  Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien se solidarizó con la comunidad indígena Bachidubi del Resguardo Indígena Río Murindó, por la afectación a miembros de su comuidad.

Camargo rechazó la muerte de Hermilda Benítez Domico, de 24 años, y las heridas a su pequeña hija de 2 años, luego de que fueran víctimas de una mina antipersonal, el pasado 21 de junio en Dabeiba (Antioquia), mientras la mujer realizaba tareas de agricultura.

“Reiteramos la exigencia a los grupos armados ilegales para que erradiquen esa conducta inhumana del minado en los territorios. Esta es una acción prohibida por la Convención de Ottawa y deja consecuencias irreparables para la población afectada”, aseguró el Defensor del Pueblo.

En este mismo municipio, el pasado 22 de junio y tras la activación de una mina antipersonal, resultó herido Oracio Carupia Garnia, miembro también de la comunidad Embera Eyábida. En este caso, la Defensoría del Pueblo realizó la gestión para que un helicóptero fuera a la zona a trasladarlo a un centro médico con los equipos adecuados.

El 9 de marzo de 2020, la Defensoría emitió la Alerta Temprana 014 en la que se advirtió un elevado riesgo en los resguardos indígenas Río Murindó y Río Chageradó en el municipio de Murindó, por la presencia de minas antipersonales y el confinamiento y desplazamiento de estas comunidades indígenas.

“Exhorto a las instituciones a acelerar todas las gestiones conducentes al desminado humanitario. En esas comunidades indígenas persiste la presencia de grupos armados ilegales que continúan generando el confinamiento de las comunidades, por eso se debe avanzar de manera urgente en acciones concretas para atender a la población”, enfatizó Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo informó en las últimas horas que ha realizado visitas humanitarias para hacer seguimiento a la situación y remitió cinco oficios sobre hechos que siguen vulnerando los derechos y amenazan a la comunidad indígena. La Entidad ha asistido a las víctimas en el restablecimiento de sus derechos y se verifica la asistencia humanitaria en la zona.

”En la actualidad persiste la crisis generada por la disputa territorial entre el grupo armado posdesmovilización de las AUC, autodenominado AGC, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que ha generado enfrentamientos armados, homicidios, amenazas y persecuciones a civiles, lo cual ha hecho que continúe el confinamiento de las 11 comunidades indígenas de dicha localidad. Hacemos el llamado a las autoridades para que hagan presencia en la zona y adelanten acciones con miras a garantizar el derecho de las comunidades”, dijo el Defensor.

Desde 2019, y de manera recurrente, este organismo ha alertado sobre la presencia de miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y del ELN, que combaten por el dominio de un territorio; sobre los enfrentamientos armados; la siembra de minas antipersonales en los caminos que utilizan los indígenas; el confinamiento las comunidades por el peligro de esos artefactos y la prohibición de movilización por parte de los grupos armados organizados que operan en el territorio.

Redacción Justicia 

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